a situación generada por el arribo masivo de menores indocumentados a Estados Unidos en meses recientes ha exhibido indolencia y falta de capacidad del gobierno de Barack Obama para comprender y manejar una emergencia que ha sido calificada de crisis humanitaria.

El pasado viernes, en una reunión con los presidentes Otto Pérez, de Guatemala; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, y Juan Orlando Hernández, de Honduras, convocada por Obama y celebrada en la Casa Blanca, el mandatario estadunidense señaló que la situación de los menores migrantes obedece a una responsabilidad compartida; pidió a los gobernantes centroamericanos adoptar medidas para disuadir el flujo migratorio y advirtió que aunque su país tiene gran compasión por dichos niños, aquellos que no tienen razones para permanecer serán deportados.

Tales señalamientos constituyen un acto de arrogancia e insensibilidad política monumentales, y exhiben –de paso– una visión distorsionada del fenómeno migratorio: más allá de las fallas y omisiones de autoridades nacionales de México y Centroamérica para evitar la expulsión de miles de sus ciudadanos, las raíces estructurales del flujo migratorio de Guatemala, El Salvador, Honduras y nuestro país hacia Estados Unidos son la miseria, la violencia y, en general, la falta de perspectivas de vida, trabajo y seguridad que afectan a buena parte de la población de esos países hermanos.

En la gestación de esas condiciones, Washington tiene una enorme responsabilidad histórica por sus políticas de injerencia, impulso a las dictaduras oligárquicas –en el caso de las naciones centroamericanas– y conflictos bélicos y depredación económica. En años recientes, por añadidura, las respectivas embajadas estadunidenses han impuesto a los gobiernos de la región políticas de seguridad y de combate al narcotráfico que ocasionaron explosiones de violencia delictiva que se erigen en un acicate adicional para la salida masiva de ciudadanos de sus entornos de origen.

En las condiciones descritas, es claro que la deportación masiva de un número indeterminado de niños migrantes, que anunció Obama ante sus homólogos centroamericanos, no resolverá la condición de riesgo que enfrenta ese sector, sino que la profundizará.

A la carencia de una respuesta internacional adecuada frente al fenómeno comentado se suma la falta de manejo del mismo por parte de la Casa Blanca dentro de Estados Unidos. Hasta ahora, la administración Obama no ha atinado más que a solicitar al Congreso la aprobación de recursos adicionales para enfrentar la crisis, acaso como un intento fallido de trasladar la responsabilidad a la oposición republicana.

En tanto, su inacción ha dado pie a exaltaciones chovinistas y xenofóbicas como la del gobernador de Texas, Rick Perry, quien decidió militarizar la frontera de ese estado con México mediante el envío de mil efectivos de la Guardia Nacional, lo que desde luego no detendrá el flujo de niños y adultos migrantes, pero sí multiplicará los peligros a los que están expuestos quienes pretenden cruzar la línea fronteriza.

El gobierno de Obama, quien llegó a la Casa Blanca y refrendó su mandato con un respaldo mayoritario del voto latino y montado en promesas incumplidas de una reforma, podría, en caso de no concretar un giro en su política migratoria, pasar a la historia como un régimen que traicionó su propia palabra, y como una administración que profundizó el deterioro moral y político de Estados Unidos ensañándose con uno de los sectores más vulnerables de la población de ese país: los ciudadanos indocumentados y, en forma particular, los niños migrantes.