Con el pretexto de cuidar la seguridad de los migrantes, en los últimos días se han intensificado las redadas de diversos cuerpos policiacos en el valle de Mexicali en contra de indocumentados que viajan en el tren de carga conocido como La Bestia, en procesos judiciales donde aparentemente la compañía ferrocarrilera es la parte acusadora.

Así lo denunció Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, quien consideró que de esta forma las autoridades siguen poniendo en marcha una política migratoria basada en la seguridad nacional para satisfacer las órdenes de Washington, sin importar si viola las garantías básicas de los trabajadores internacionales sin documentos.

En charla con La Jornada, el activista indicó que desde hace un par de semanas han tenido lugar varios operativos de detención de migrantes a cargo de las policías municipal de Mexicali, estatal preventiva de Baja California y ministerial, además del Grupo Beta y el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con el subdelegado del INM en Mexicali, Luis Humberto López Torres-Cotto, a pesar de que los mexicanos cuentan con el derecho de libre tránsito, las redadas seguirán llevándose a cabo de forma aleatoria e indefinida en varios puntos de las vías férreas que cruzan por Mexicali a petición de la empresa concesionaria Ferromex.

Sin embargo, apuntó Ramírez Baena, no es posible que la mencionada compañía solicite la intervención de la policía en el contexto de una denuncia penal, ya que si bien los migrantes no están autorizados para viajar en el lomo del tren, este acto no está tipificado en ningún código penal, no hay daño patrimonial para la empresa ni se puede comprobar que los indocumentados actúen con dolo o mala fe.

De quienes sí hay un delito es de las personas que le cobran a los migrantes por permanecer ahí, pero lo que el gobierno tiene que hacer es investigar quiénes son y detenerlos, pero no irse contra el grueso de los indocumentados, porque la nueva Ley de Migración despenaliza el acto de viajar sin documentos y establece el derecho a la libertad de tránsito, recalcó.