Las comisiones unidas de Presupuesto y Energía de la Cámara de Diputados, con el voto de PRI, PAN y sus aliados de PVEM y Panal, aprobaron ayer en lo general el dictamen que reforma la Ley de Presupuesto, con el cual se modifica todo el esquema de la captación de los ingresos petroleros y su utilización en el gasto público.

La reforma cambia los destinos de los recursos y las denominaciones de los distintos fondos de estabilización y de transferencias a los estados y municipios, pero mantiene la carga tributaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) para proveer a la hacienda pública.

Durante la sesión de ayer, priístas y panistas defendieron la integración del Fondo Mexicano del Petróleo que, señalaron, no sólo captará la renta petrolera, sino también será la columna que responda a choques inesperados que puedan afectar a las finanzas públicas.

En contraste, legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano explicaron que el objetivo de este fondo es garantizar los pagos a las empresas contratistas y asegurar que se mantenga un mínimo de ingresos petroleros para el gasto público, equivalentes a 4.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), y que sólo los remanentes serán destinados a lo que propuso el Ejecutivo en su iniciativa, esto es, inversión en investigación, becas y pensiones para los estados, entre otros.

La diputada Socorro Ceseñas Chapa (PRD) explicó que la reforma no garantiza la autonomía presupuestal de Pemex, porque no modifica su régimen fiscal.

Mínimamente tendrá que pagar 30 por ciento de sus ingresos después de impuestos, además de las contribuciones que generen la paraestatal y sus empresas subsidiarias. El pronóstico es que se reduzca para los siguientes ejercicios, hasta alcanzar 15 por ciento en 2021 y desaparecer en 2026. Claro, según las cuentas de la Secretaría de Hacienda, que siempre son equivocadas, dijo.

Refirió que en materia de medio ambiente no se definen mecanismos agresivos de defensa colectiva para frenar abusos de las trasnacionales. Quiero recordarles el caso de Chevron, en Ecuador: después de 18 años de operación, la riqueza prometida nunca llegó; por el contrario, 16.8 millones de galones de petróleo fueron regados en el ecosistema; 18 mil millones de aguas tóxicas fueron arrojadas a suelos y sus vertientes, y 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemado al aire libre fueron los resultados de esta empresa, expuso.

Graciela Saldaña (PRD) consideró que existe un contrasentido entre los compromisos del gobierno federal de reducir las emisiones de gases de carbono y que para 2024 se genere 25 por ciento de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias, con la idea de apostar a la reducción de las tarifas de consumo doméstico con la quema de gas de lutita.

También cuestionó la definición de Juan Bueno Torio (PAN), respecto a que en la reforma ya se incluyen las transferencias a investigación, ciencia y tecnología, recordando que en la Ley de Ingresos 2014 se aprobó “un desvío de 11 mil millones de pesos, que debieron transferirse al fondo sectorial Secretaría de Energía-Consejo Nacional de Ciencia y Teconología, que se quedó en ceros, y esos recursos se utilizaron para constituir el Centro de Investigación en Tecnología de Aguas Profundas.

La mayoría avaló que continúe el control de la Secretaría de Hacienda en los fondos de estabilización petrolera y de recaudación, y si bien se da oportunidad a la Cámara de Diputados a que, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, pueda modificar los límites de los destinos de los ingresos petroleros, esto será sin que pueda asignar recursos a proyectos o programas específicos, que serán decididos por la dependencia.

Si hay autonomía de Pemex, ¿por qué tiene que autorizar Hacienda un ajuste a la medida?, cuestionó Víctor Manuel Jorrín (Movimiento Ciudadano).

En respuesta, el panista Damián Zepeda dijo que la autonomía presupuestal de la petrolera no significa que no esté sujeta a controles adecuados para su nueva función.