on el propósito de llevar a las aulas a los mejores docentes y a las escuelas los mejores directores y de este modo avanzar en la reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pusieron en marcha un concurso nacional que amerita dos señalamientos: a) la consideración de que los mejores maestros y directores pueden seleccionarse con una prueba de opción múltiple es una aberración, y un agravio para quienes quieren dedicarse a esta compleja tarea, y b) como ha señalado en estas páginas el doctor Enrique Calderón Alzati, el aparato de vigilancia de dicho concurso, sostenido hasta con el Ejército, implica que la SEP y el INEE conciben a los aspirantes a maestros como potenciales delincuentes.

La imposición de un mecanismo central, único, de selección de profesores y directores, con miles de vigilantes y el apoyo del Ejército, confirma que los gobernantes están animados por una total desconfianza, no sólo en quienes quieren ser maestros, sino también en quienes en todo el territorio nacional se ocupan de las instituciones escolares (que deberían tener participación real en la designación de sus nuevos maestros), y en quienes quedan sin autoridad alguna: las llamadas autoridades locales. La propia SEP, con este mecanismo, ratifica su igual falta total de autoridad, ya sea que se conciba ésta como la capacidad de ser obedecida sin el uso de la fuerza, o como la capacidad de convencer; falta de autoridad que, a pesar de los dignos orígenes de esta secretaría, los gobiernos priístas y panistas le han ganado a pulso al convertirla en un aparato de uso político, en grave detrimento de su tarea educadora.

La Secretaría de Educación Pública federal –calificada en 1983 como un elefante reumático (por el entonces secretario de Educación Jesús Reyes Heroles) y hace unos meses como una torre de Babel (por el actual secretario Emilio Chuayffet)– tiene la responsabilidad de atender problemas gigantescos y muy complejos, entre ellos la enseñanza básica (más de 25 millones de estudiantes), el rezago educativo (más de 35 millones de mexicanos adultos que no han concluido la primaria o la secundaria), la alfabetización de otros 6 millones de adultos, la educación indígena de más de 50 culturas (etnias).

Estas tareas las realiza ese atolondrado elefante con una inefectividad indiscutible. Las propias autoridades de la SEP se han dedicado –en especial en los años recientes– a documentar esa incompetencia; por ejemplo con los bajísimos resultados de las pruebas Enlace y PISA, aun cuando con una esquizofrenia patética los funcionarios y sus socios asesores (la OCDE, el Banco Mundial y Televisa/Mexicanos Primero) han responsabilizado de este fracaso a un sector de las víctimas: los maestros. En cuanto al rezago educativo, no sólo no disminuye sino que aumenta año con año. También es prueba de la incompetencia de esta secretaría la cancelación ya rutinaria de sus múltiples iniciativas fracasadas, entre ellas, una tras otra, la reforma educativa echeverrista, la revolución educativa de Reyes Heroles, la modernización educativa de Salinas, la descentralización educativa de Zedillo, las reformas integrales de los gobiernos panistas (la RIEB y la RIEMS, esta última descalificada y rechazada por el Consejo Universitario de la UNAM), el Acuerdo por la Calidad de la Educación, el examen universal a los maestros y la Enciclomedia.

De todos estos fracasos, públicos y costosísimos, nadie responde; y a pesar de ellos, sin justificación, la SEP pretende ampliar y fortalecer el control directo y total de todo el espacio de la educación pública del país. El elefante sigue creciendo. Este achacoso paquidermo también dirige y administra una parte importante de la educación superior. Además, ha asumido la coordinación y supervisión de la educación de este tipo que no está bajo su mando directo, aborda la tarea de fomentar la cultura y la investigación científica, y desarrolla variadísimas actividades en estos campos.

Desde la administración de Luis Echeverría, el gobierno federal decidió adjudicarse mediante la SEP el control de toda la educación y la cultura nacionales. Pretendió absorber toda la educación media superior, extirpando los bachilleratos a casi todas las universidades para constituir el Colegio de Bachilleres, hizo de la ANUIES un aparato mediante el cual esa secretaría ejerce el control de las antes autónomas instituciones de educación superior, y constituyó el Conacyt y el Conaculta (también dependientes de esa secretaría) que regentean con notable desacierto la mayor parte de las actividades en esos campos (véanse, por ejemplo, las críticas al Sistema Nacional de Investigadores, del Conacyt, hechas por funcionarios de dicho consejo). En el espacio de la educación superior, la SEP ha propiciado el desarrollo de un subsistema de instituciones privadas comerciales a las que da su aval (RVOE) y que constituyen un escandaloso fraude a los jóvenes y a la sociedad.

Además, la SEP ha construido un gigantesco aparato de educación técnica con más de mil planteles e instituciones dedicadas a una muy ine­ficiente capacitación especializada para el empleo. El fracaso de este aparato de educación para el empleo de la SEP lo ilustra, por ejemplo, el hecho de que unos años después de haber sido puesto en marcha, el Conalep tuvo que abandonar su plan original e improvisar un nuevo proyecto confuso. Por otra parte, el sistema de los institutos tecnológicos, ampliado masivamente por la administración echeverrista y las siguientes, ha sido marginado por el de las universidades tecnológicas, y ahora éste por el de las universidades politécnicas; ya no saben qué inventar para uncir la educación al raquítico aparato productivo. Otro fracaso de la SEP: los egresados de las instituciones de enseñanza media superior dependientes de esta secretaría (incluyendo al Conalep y el Colegio de Bachilleres) están entre los que obtienen los peores resultados en los exámenes de admisión de la UNAM.

No obstante estos descalabros de costos incalculables, el gobierno federal se empeña en consolidar a través de la SEP el control total de la educación y la cultura del país, ahora incluso con el apoyo del Ejército, atropellando valiosas iniciativas que muchos mexicanos han emprendido con grandes esfuerzos a lo largo y ancho del territorio nacional. La satisfacción de las necesidades educativas de los mexicanos exige avanzar en la dirección contraria: la construcción de un sistema de educación pública democrático, descentralizado, abierto y participativo.