a movilización multitudinaria de organizaciones campesinas realizada ayer en esta capital, que se suma a varias otras efectuadas en diversas entidades del país contra las reformas secundarias en materia energética recientemente aprobadas por el Senado, dejó ver el tamaño del descontento que recorre el agro mexicano por la continuación, en el actual gobierno, de una política económica antinacional, depredadora y generadora de pobreza extrema masiva, que ahora se encarniza contra el derecho de los campesinos sobre sus tierras.

Acaso como medida de control de daños frente a ese descontento, el gobierno federal acordó ayer dar inicio, a partir del lunes próximo, a una mesa de análisis sobre la previsible reforma agraria y las implicaciones de las leyes secundarias de la reforma energética en el sector.

Si bien es cierto que estas movilizaciones representan las primeras muestras de rechazo masivo contra las leyes secundarias en materia energética y rompen y contrastan con el panorama de abulia social que había prevalecido durante los procesos de deliberación legislativa correspondientes, no se puede dejar de lado que el escenario que se estaría buscando prevenir con la realización del diálogo anunciado –la alteración del derecho de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros sobre sus tierras– ya ocurrió: en efecto, un componente central de las modificaciones legales en materia energética aprobadas en el Senado y que se discute en San Lázaro es mantener intacta la servidumbre legal del territorio para producir y conducir electricidad, gas o petróleo, con la salvedad de que en el dictamen final se sustituyó el término de expropiación por el eufemismo de ocupación temporal.

Fuera de eso, las reformas en materia energética abren un amplio margen legal para el despojo de bienes y tierras de ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas en las que pudieran encontrarse yacimientos petroleros, gas e instalaciones eléctricas. De esa forma, el campo nacional, castigado por décadas de abandono deliberado y por una apertura indiscriminada a las importaciones de productos básicos, está en riesgo de sufrir un nuevo retroceso histórico que aboliría en definitiva el pacto social emanado de la revolución agraria de principios del siglo pasado, de por sí severamente trastocado con las reformas al artículo 27 constitucional en 1992.

Ante la configuración actual de las instancias legislativas y frente a los equilibrios de poder real que prevalecen en el país, sería iluso suponer que estas movilizaciones puedan echar para atrás las reformas mencionadas o incluso evitar su profundización.

Es deseable, en cambio, que tales expresiones terminen por despertar la conciencia de otros sectores de la sociedad sobre las implicaciones de las enmiendas legales mencionadas, que pueden resumirse en un cambio, para mal, de las prioridades en la política territorial del país, favorable a los intereses privados que lucren con la industria energética nacional y perjudicial para las perspectivas de una vida digna y de un Estado respetuoso de los derechos de la población.