La Secretaría de Gobernación (SG) otorgó medidas de protección a 41 comunicadores y defensores de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo por el ejercicio propio de sus funciones.

La dependencia informó que con lo anterior se reporta un avance de 46 por ciento respecto de los casos en rezago. La protección va desde escolta hasta botón de pánico, e incluso la evaluación para el eventual cambio de residencia del afectado, entre otras medidas.

En marzo pasado, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Lía Limón, reconoció que existía un rezago de alrededor de 85 casos presentados ante el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

La funcionaria dijo que es necesario revisar y ordenar la operación de esta instancia creada en 2012, la cual había recibido, hasta febrero pasado, 152 solicitudes de protección (La Jornada, 28 de marzo de 2014).

Este esquema, cuya coordinación está a cargo de la SG, debe atender solicitudes de apoyo de comunicadores o activistas que afirman que han sido amenazados o consideran que su vida corre peligro por el ejercicio de su función.

La instancia opera con base en un fideicomiso, cuya bolsa es de poco más de 200 millones de pesos. Una vez recibida la solicitud, los responsables deben analizar de inmediato cada asunto y determinar el nivel de peligro; impulsar protocolos, medidas preventivas y, en su caso, acciones urgentes de protección.

Esta semana, la junta de gobierno del mecanismo celebró su 14 sesión ordinaria y resolvió, por unanimidad, los 41 casos. Las medidas acordadas se aplicarán a la brevedad en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, de conformidad con sus respectivas competencias, dijo la SG.

Señaló que para alcanzar los más altos estándares y mejores prácticas internacionales, el mecanismo trabaja en coordinación y acompañamiento de asesores contratados por la organización Freedom House.

La SG reitera su firme compromiso con el fortalecimiento de las capacidades del mecanismo, el cual contribuye a garantizar el ejercicio libre del periodismo y facilita la labor que desarrollan las personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de que continúen con su importante contribución a la vida democrática del país, agregó la dependencia.