a aprobación de los dictámenes de leyes secundarias en materia energética, cuya discusión en lo particular continuó durante la jornada de ayer, no sólo constituye una vuelta de tuerca adicional al desmoronamiento del carácter público de la industria energética nacional: representa, también, una vasta oportunidad de negocios privados para un puñado de empresas, entre las que destacan algunas como Grupo Diavaz, OHL, Ienova, Iberdrola, Jacobs Engineering Group y Oro Negro.
Como se documenta hoy en estas páginas, esas compañías mantienen relaciones estrechas con funcionarios y ex funcionarios públicos de alto nivel: ex secretarios de Estado como Pedro Aspe Armella –mentor del actual titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray–, Georgina Kessel –a la sazón titular de Energía en el sexenio de Felipe Calderón– y José Ándres de Oteyza Fernández –ex titular de Patrimonio y Fomento Industrial–; ex directores de Pemex como Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles González Garza y Luis Ramírez Corzo, e incluso servidores públicos en activo, como el actual director de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñó como consejero de la constructora OHL, que ahora también pretende incursionar en el sector energético.
El común denominador de esa red de vínculos en la que se desdibujan los límites entre lo público y lo privado salta a la vista: la presencia de personajes como los mencionados en cargos públicos de alta responsabilidad se traduce en un acceso a información privilegiada que luego es puesta a disposición de empresas privadas; éstas, por su parte, deciden incorporar a sus filas a ex funcionarios como los referidos, no por sus competencias en el ámbito laboral, sino para que faciliten la suscripción de contratos con el gobierno, en lo que constituye una práctica doblemente cuestionable: introduce elementos de competencia desleal con el resto de los competidores y fuerza a la población a subsidiar, con sus impuestos, la formación de gestores empresariales.
Semejantes distorsiones, recurrentes en la administración pública del país desde hace tiempo, se han asentado ahora al amparo de una reforma que ha sido aprobada, cabe recordar, en forma precipitada y amañada, sin debate de por medio y mediante un discurso oficial engañoso, como lo evidencia la afirmación inicial de que, como consecuencia de las modificaciones legales, bajarían los precios de los combustibles y de la electricidad.
En suma, la relación descrita deja al descubierto una generación de servidores carentes del sentido de moral republicana para quienes el ejercicio de un cargo público se convierte en una oportunidad para hacer negocios. En un pleno estado de derecho, las distorsiones mencionadas ni siquiera podrían tener lugar. Por desgracia, en una legalidad tan imperfecta como la que prevalece en el México contemporáneo resulta concebible, y hasta normal, que casos de evidente conflicto de intereses como los mencionados puedan reproducirse sin ser siquiera investigados, ni mucho menos sancionados.
