El esquema de contratos a empresas privadas nacionales y trasnacionales para explorar y explotar hidrocarburos fue validado por la alianza PRI-PAN-PVEM, que incluyó más beneficios a las compañías mineras, e incluso agregó la liberación del precio al público del gas Lp a partir del primero de enero de 2017, no antes.

Con la figura de contratos, las compañías participarán en todos los procesos de los hidrocarburos, desde la refinación y venta de gasolinas; transformación, transporte, distribución, almacenamiento y comercialización; tratamiento y refinación de petróleo, y transporte, almacenamiento, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y expendio al público.

Desde la tribuna, senadores del PRD resaltaron que las compañías privadas obtendrán inicialmente contratos por el equivalente a 29 por ciento de las reservas probadas (1P), probables (2P) y posibles (3P), debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantendrá momentáneamente 71 por ciento de las reservas, pero que de manera paulatina esta situación se invertirá hasta dejar todo el mercado a los contratistas.

Anoche, en la discusión en lo particular de la Ley de Hidrocarburos, la senadora Dolores Padierna Luna (PRD) sostuvo que Pemex estará sometida a una competencia desleal, pues se mantiene la carga tributaria a la Secretaría de Hacienda, en contraste con las empresas privadas, a las cuales, en el mejor de los casos, se les cobrará 46 por ciento sobre el valor de su producción.

Extinción lenta de Pemex

Se trata de medidas para la extinción lenta de Pemex, para que la población siga pensando que, al menos en este sexenio, la empresa está sobreviviendo, afirmó.

Enseguida presentó un conjunto de cifras para explicar esa tesis, información que fue objetada por el senador Gerardo Flores, del PVEM, quien argumentó que los datos sólo confunden a la gente.

A partir de la información oficial de la paraestatal, la senadora perredista refirió que las reservas 1P, actualmente en control de la petrolera, ascienden a 13 mil 900 millones de barriles de petróleo crudo equivalente; la 2P, de 10 mil 900 millones, y la 3P de 19 mil millones.

“Del total de reservas, que ascienden a 43 mil 800 millones de barriles, Pemex solicitó la asignación de 31 mil 300 millones y el restante sería sujeto de contratos.

El total de reservas 3P alcanzaría para mantener la producción de 2013 durante 32.9 años; las 2P, para 19.3 años, y las probadas 1P para 10.2 años, detalló.

Es decir, la intervención de Pemex se acabará en la próxima década, y en el caso de las reservas denominadas recursos prospectivos, de los cuales se estima existen 112 mil 800 millones de barriles por confirmar su existencia, Pemex sólo solicitó le sean reservadas las asignaciones de 31 por ciento, lo cual dejará a los contratistas el otro 69 por ciento.

Esta situación, expuso, se agrava por el hecho de que en la Ley de Hidrocarburos se habla de la figura de contratos de manera general, pero no se explican las modalidades, lo cual concede un alto grado de discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda, que los otorgará y definirá el monto de la renta petrolera que se pagará a los contratistas.

Pago a los dueños de la tierra

Ayer por la mañana el senador panista Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que su partido propondría incluir en la ley un piso mínimo de 0.5 por ciento, y un techo de 2 por ciento a pagar a los dueños de la tierra, respecto de las utilidades de las empresas, por la ocupación temporal de sus propiedades.

Sin embargo, este beneficio se incluyó exclusivamente a las mineras.

En un grupo de nuevas adiciones negociadas por el PAN con el gobierno federal, se definió que si la Comisión Nacional de Hidrocarburos otorga un contrato que afecte derechos de una concesión minera, esa misma entidad determinará el monto y los plazos en que la indemnización será cubierta por el contratista al concesionario minero,… que podrá ser de 0.5 por ciento a 2 por ciento de la utilidad después de contribuciones.

También se facilita que puedan negociar un acuerdo para el desarrollo del proyecto de exploración y explotación, previo contrato por escrito.

Se prevé la coexistencia de actividades mineras con exploración y extracción, o con las de servicio público de transmisión y distribución de energía.