El PRI, PAN y PVEM impusieron nuevamente su mayoría para rechazar las modificaciones propuestas por perredistas y petistas para eliminar de la ley de hidrocarburos las disposiciones que obligan a propietarios privados, pueblos y comunidades indígenas a entregar sus tierras a empresas extranjeras y a las grandes corporaciones nacionales que participarán en proyectos de explotación petrolera, por la vía de las figuras de ocupación temporal y servidumbre legal.

Las 24 reservas presentadas por el PRD, encaminadas a eliminar por completo la posibilidad de que el Estado decrete la expropiación de los terrenos en beneficio de las petroleras extranjeras, fueron rechazadas y sólo se aprobaron tres iniciativas de panistas y priístas, entre ellas establecer que ejidatarios y comuneros podrán obtener un porcentaje de las ganancias que se generen en su predio, y que no podrá ser menor a 0.5 por ciento, ni mayor a 2 por ciento.

Durante la discusión, el senador del PRD Alejandro Encinas dijo que se mantiene el mismo esquema para despojar a los campesinos de sus tierras. Leyó disposiciones de la ley de petróleo expedida en diciembre de 1901 por Porfirio Díaz que son muy similares, dijo, a las contenidas en la legislación ayer aprobada.

Igualmente, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, señaló que el Senado da su aval para que México se convierta en esclavo de las trasnacionales, a las que se está dando el derecho de ocupar tierras, de que el Estado les confiera servidumbres en todo el territorio.

Los cambios aprobados

Entre los cambios al dictamen, aprobados la madrugada de hoy, figuran los de establecer en el artículo 100 que los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos y bienes lo pactarán los propietarios y la empresa petrolera con base en los derechos que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, suscritos por el Estados mexicano, reconocen a las comunidades indígenas.

Se modificó asimismo el artículo 41 para establecer que en las áreas naturales protegidas no se otorgarán asignaciones ni contratos para la explotación y extracción de hidrocarburos.

Durante la discusión en lo particular de esa ley, los senadores del PRI Manuel Humberto Cota y Gerardo Sánchez García, éste último dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), sostuvieron que la legislación energética es una alternativa para capitalizar al campo y sus familias y que además podrán mantener sus tierras.

Sánchez García, que un día antes señaló que los campesinos podrán ser socios de las trasnacionales y hasta empresarios sociales, ayer resaltó que se tiene que buscar una alternativa, como el desarrollo de los bioenergéticos, para aquellos hombres del campo que en una gran extensión del territorio viven del autoconsumo.

Destacó que peleó para que los contratos entre campesinos y petroleras no fueran discrecionales y mediara la Procuraduría Agraria a fin de que no fuera sólo un trato entre particulares.

También propusimos un modelo de contrato que nos permita garantizar los mínimos de requisitos y de derechos para quienes van a invertir y quienes serán socios.

El líder de la CNC se negó a debatir con los perredistas. No aceptó siquiera responder una pregunta del senador Fidel Demédicis.

Encinas le reprochó que su argumentación sólo fuera de que están muy pobres, hay que quitarles sus tierras. Recalcó luego que si bien cambiaron la denominación de expropiación por la ocupación temporal de predios, mantuvieron en el artículo 96 la redacción que dispone que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y procederá la constitución de servidumbres legales, la ocupación o afectación superficiales para la realización de actividades de esa industria.

Igualmente, dijo, en la ley agraria se establece con toda claridad que los ejidos y las comunidades pueden ser expropiadas por causa de utilidad pública. Recordó la ley porfirista de 1901, casi una década antes de que estallara la Revolución, en la que los concesionarios tendrán el derecho de comprar los terrenos necesarios para el establecimiento de sus maquinarias y oficinas al precio de tarifas de los terrenos baldíos. Asimismo, los mismos concesionarios tendrán el derecho de expropiar a dichos particulares.

¿Quiénes son los nostálgicos del pasado, quiénes quieren regresar a los tiempos del caciquismo, de los peones, esta nostalgia porfirista que ahora ha permeado a PRI y PAN y a la aristocracia que representa el partido Verde?, les dijo Encinas.

Los perredistas tabasqueños, Adán Augusto López y Fernando Mayans, insistieron en los riesgos y lo injusto de ese esquema que en caso de que el propietario no se ponga de acuerdo con la trasnacional sobre la venta o renta de sus tierras, el gobierno federal declara la ocupación temporal o la servidumbre de hidrocarburos. Aludieron a la experiencia negativa con Pemex y las petroleras extranjeras, e insistieron en que ofrecerles un porcentaje de las utilidades no resuelve el problema, ya que al final, sus tierras quedarán devastadas y ni siquiera hay garantía de un pago justo.

El priísta David Penchyna, quien encabezó los trabajos de dictamen de la legislación secundaria, sostuvo que ocupación temporal no es lo mismo que expropiación, ya que bajo el primer esquema la iniciativa privada podrá usufructuar terrenos de particulares, para ciertos temas de la cadena productiva y con un margen de utilidad para los propietarios.

Aseguró que además pueden convivir en predios donde se exploten hidrocarburos otras actividades, y se refirió a proyectos de explotación de gas en Texas donde conviven las vacas con los pozos petroleros.

El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, sostuvo que la figura de ocupación temporal, a diferencia de la expropiación, no implica la pérdida de la propiedad ni el desplazamiento de los ejidatarios, tampoco que el ganado se muera ni que los indígenas tengan que dejar sus comunidades.

Se enfrascó luego en un acre debate con el coordinador perredista, Miguel Barbosa, que le dijo que priístas y panistas han beneficiado a intereses particulares a través de decretar la utilidad pública. No quieren llamarle expropiación, sino ocupación temporal, pero finalmente se trata del despojo de tierras ejidales, comunales y privadas, para beneficiar a empresas extranjeras.