o formó parte de la propuesta de seguridad social universal ofrecida por Peña en la campaña presidencial como justificación social del incremento al IVA. Tampoco fue incorporado al programa contenido en su libro México, la gran esperanza (2011). Apareció súbitamente como el compromiso nacional de campaña 38 (de los 266 firmados ante notario público), el 26 de abril de 2012.

Sin embargo, Peña lo presentó, primero, como la quinta decisión de su discurso de toma de posesión e inmediatamente lo integró al paquete de derechos universales restringidos del Pacto por México (compromiso 5), en cuanto el PRI no alcanzó la mayoría parlamentaria que anhelaba para imponer las reformas que el país necesita. Pero en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ya apareció ampliando el acceso a la seguridad social (objetivo 2.4), como ejercicio pleno de derechos sociales (estrategia 2.4.1).

Las reglas de operación (febrero 2013) establecieron que serían consideradas beneficiarias aquellas madres jefas de familia, de entre 12 y 68 años de las 32 entidades federativas que busquen mitigar la pérdida de condiciones de bienestar que enfrentan los hijos (as) de cero a 23 años en caso de que la madre fallezca: apoyar la educación de hijos huérfanos hasta concluir su educación profesional.

El apoyo consiste en una transferencia mensual de mil 850 pesos a cada hijo, en caso de fallecimiento de la madre, cuyo requisito es ser progenitora de, al menos, un menor de 24 años; no tener cónyuge (ser soltera, separada o viuda al momento del fallecimiento) y encontrarse en condición de pobreza, con un ingreso no mayor a 2 mil 130 pesos.

Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación (27.12.13) se ajustó así: de 0 y hasta prescolar, 300 pesos mensuales; primaria, 500; secundaria: 700; media superior; 900; superior; mil y hasta mil 850 en los casos de excepción que determine el comité técnico. La ayuda está condicionada a continuar los estudios. Para 2013 se estima que de las jefas de familia sin cónyuge y en estado de pobreza puedan morir alrededor de 7 mil, dejando en orfandad aproximadamente a 15 mil menores. Los beneficiarios se amplían no sólo a madres en riesgo, también a tutores menores de edad que hayan quedado huérfanos y los propios jóvenes, si tienen entre 18 y 23 años, hayan perdido a su madre y no cuenten con apoyo del padre.

Su universo podría cubrir hasta a 5 millones de beneficiarios, con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos y sin cobertura de seguridad social. En su operación, Rosario Robles se impuso al sector asegurador, que había acariciado administrarlo. En diciembre 2012, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) presentó una propuesta para operarlo. El director Recaredo Arias, estimaba que los servicios de una aseguradora garantizarían el funcionamiento de la estrategia porque si no, con todo respeto no sería un seguro; sería un programa de ayuda asistencial a este grupo de población. Pero Robles lo descartó: lo va a hacer el gobierno. Él va hacer el trabajo de proporcionar el apoyo. Es el mecanismo más barato (Reforma, 31.1.13).

Desde un principio Peña estableció que el seguro arrancaría en los 400 municipios prioritarios en la Cruzada Nacional contra el Hambre: es un programa de nueva generación, que está orientado, insisto, a realmente modelar la sociedad de derechos que México merece y debe tener (La Jornada, 14.3.13). Mientras, la representante adjunta para México del Fondo de las Naciones para la Infancia (Unicef), Isabel Crowley, expresaba su satisfacción por las medidas puestas en marcha, aunque sugirió que el gobierno tomara en cuenta la transversalidad de la infancia en la elaboración y aplicación de sus políticas públicas.

El 19 de abril de 2013, Chiapas inauguró con dos registros, directamente de manos de Peña, mientras promocionaba con Lula da Silva su Cruzada. Frente a la opinión de Rosario Robles, quien reclama que con el programa se hacen realidad los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque cuando están en circunstancias difíciles provee cuidados alternativos así como entornos seguros y protectores. La realidad es que el Estado mexicano está muy lejos de cumplir con ese acuerdo.

Sedesol constituyó un fideicomiso para administrar los recursos y recibir donaciones provenientes de cualquier persona física o moral, adicionales al presupuesto asignado, pero el otorgamiento de los apoyos estará sujeto a la disponibilidad del fideicomiso (Reforma,7.7.13). Los hijos de la primera beneficiaria afiliada, fallecida en Nayarit, recibieron –en agosto 2013– la primera mensualidad para seguir estudiando. El 29 de enero de 2014 la diputada priísta Francisca Elena Corrales propuso que se garantice constitucionalmente el seguro.

Curiosa ampliación del acceso a la seguridad social y curioso ejercicio pleno de derechos sociales. Más bien: una muy económica pincelada de género, con alta rentabilidad electoral, que desplaza a los hijos del centro del discurso para proteger, ahora, a mujeres sin seguridad social. El compromiso nacional de campaña 38 pasó de un fondo de 400 millones de pesos en 2013, a mil 15 millones en 2014, y presentado como una decisión presidencial que está moviendo a México, Peña ya lo publicitó así: hacemos latir el corazón de las mujeres de nuestro país (Reforma, 25.11.13). Como sostiene el priísta César Camacho: aprovecharemos legalmente los programas sociales en beneficio de todas las familias (Reforma, 17.2.14).

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco