a Policía Comunitaria (PC) de la Montaña y Costa Chica surge en un contexto de caos del sistema: ya en 1994 se había iniciado con la irrupción del EZLN, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio –candidato del PRI a la presidencia de la República– y de Ruiz Massieu –líder priísta– y con la severa crisis económica del presidente Ernesto Zedillo.

Estos hechos propiciaron un auge del movimiento indígena nacional y una fuerte sacudida al campo guerrerense, amplificada por la masacre de Aguas Blancas en junio de 1995, en el gobierno de Rubén Figueroa. En estos años me involucré en dos procesos importantes para la Unión de Ejidos Luz de la Montaña: en café tostado y molido y en la lucha de las comunidades contra la inseguridad y por la construcción de infraestructura. En reuniones de la Coordinación de Organizaciones Sociales –antecedente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC)– siempre estaba en el orden del día el punto seguridad y servicios. En octubre de 1995 nace la PC, producto de procesos organizativos y de lucha de más de 30 comunidades tlapanecas, mixtecas y náhuatl de San Luis Acatlán y Malinaltepec; dos organizaciones cafetaleras, Luzmont y la Unión Regional, y cuatro sociales: 500 ARI-CG, SSS-Café-Maíz, CAIN y CCA.

A fines de 1996, la coordinación logra el reconocimiento a la PC por el gobierno del estado. Fueron cientos los fundadores –líderes a diferente nivel– y, en la dirigencia máxima, uno de cada organización. A partir de ese reconocimiento se consolidarían los grupos de comunitarios, que empezaron a operar con armas muy sencillas: escopetas 12 y 16 y rifles 22 de un tiro. Su labor se centró en el resguardo de caminos y camionetas pasajeras. Vale la pena destacar su gran espíritu de lucha y servicio. Los robos y asaltos a camionetas, violaciones sexuales y demás delitos se fueron erradicando y en 1997 se da un primer salto cualitativo: la PC se estructura, opera y fortalece bajo esa coordinación. Se instituye su primer mando, el comité ejecutivo, y funciona como policía preventiva y ministerial con ayuda de los dos ayuntamientos, el gobierno del estado y el Ejército: credenciales, uniformes, 20 escopetas, capacitación y registro de armas. También se organizan los primeros operativos regionales y procesos de reducación.

En 1998 se dio otro salto: se nombra por primera vez como coordinadores a seis comisarios y comienza a usarse el nombre de CRAC, la cual funcionará, dualmente, como MP y jueces. La Asamblea Regional de Autoridades es la máxima autoridad en la toma de decisiones y su base social, las tres etnias. En 2002 se da la primera embestida por el gobernador René Juárez para desaparecer la comunitaria. El gobierno encarcela a cinco coordinadores pero, ante la protesta de miles en la agencia del MP de San Luis, son liberados y se firma un Acuerdo de cooperación y respeto. Entre 2004 y 2012, el desarrollo de la Policía Comunitaria es de un crecimiento lento, pero sostenido, casi siempre a contracorriente del gobierno, y su presencia está en 77 pueblos de 12 municipios. La relación con autoridades y sus apoyos variaron dependiendo de la coyuntura y del partido en el poder; por ejemplo, en 2011, a pesar de que el gobernador Torreblanca nunca había simpatizado con la CRAC, reconoce su eficacia y se promulga la ley 701, que la ampara. Con todo, en los últimos nueve años la CRAC cayó en una inercia de falta participación de la gente, que permitió que se organizara un grupo disidente.

El gobernador Ángel Aguirre “primero fortaleció y promovió la seguridad civil –tanto a comunitarios como autodefensas– y después emprendió una feroz represión en su contra” con complicidad federal. Fue muy conocido el apoyo de Aguirre a las autodefensas (que no hay que confundir con las policías comunitarias) al contactarlos en altos niveles, pero ahora todo indica que el objetivo es destruir el sistema indígena de justicia, pues no ha podido controlarlo. Y es que la ofensiva del gobierno, con complacencia de la delincuencia, va más allá de sólo encarcelar a dirigentes de la CRAC.

A fines de este año, Aguirre decidió usar a algunos de sus líderes para cooptar a la CRAC-PC. La estrategia fue corroerla por dentro con dinero y respaldo político. Lo intentó primero al inicio de 2013 con el grupo que dirige la UPOEG, pero no pudo. Así es que en mayo decidió que era más fácil comprar a Eliseo Villar, líder desviado que se coló como coordinador. Su grupo se fortaleció en la primera mitad de 2013, en un contexto de gran crecimiento de policías comunitarias y autodefensas.

El grupo de Eliseo Villar y Adelaida Hernández facilitó las embestidas del gobierno. Con su ayuda, Aguirre encarceló, en penales de alta seguridad, a más de 15 comunitarios de la casa de justicia de Ayutla como Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos.

En agosto de 2013, Eliseo Villar y su grupo en mucho ayudaron a Aguirre, defraudaron a la CRAC con 740 mil pesos para la compra de armas y equipo a un grupo del crimen organizado. Por ello, la Asamblea de Autoridades trató de removerlo en marzo de 2014. En abril de 2014, más de tres mil indígenas marcharon en defensa de la CRAC y recuperaron la casa matriz. A fines de junio, el gobierno encarceló a Marco A. Suástegui, de Cecop, cuyas 48 comunidades ya se habían integrado a la CRAC-PC histórica, y en San Luis miembros de ésta se enfrentaron con la facción de Eliseo Villar. Este mes Eliseo y sus efectivos tomaron por asalto la casa matriz y la volvieron a saquear.

El 10 de julio pasado, sin calcular consecuencias, el gobernador Aguirre reconoció legítimo al grupo de Eliseo Villar instalado en una casa de justicia paralela y hoy se encuentra en otro escándalo acusado de corrupción en la casa de justicia de Cochoapa.

La verdadera CRAC-PC está convocando a sus comunidades y organizaciones fraternas a la marcha del 20 de julio, a las 9 horas, partiendo de la bodega de Luz de la Montaña a su casa de justicia matriz en San Luis Acatlán. Esperamos haya mucha respuesta de sus pueblos fundadores y solidaridad nacional.

* Coordinador regional (1996-1998)