El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, garantizó que no habrá normas 30 y 31, que promoverían viviendas de interés social, así como de niveles medio y alto, hasta que no esté perfectamente agotado el tema y no se hayan analizado a fondo con organizaciones vecinales y de vivienda, así como con los diputados locales.

Al preguntarle si se condicionó la inversión federal a la aprobación de estas normas, como reveló la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el mandatario remarcó que su administración busca impedir que una norma para vivienda de interés social acabe comercializándose para otro tipo de intereses, como ocurrió con la 26.

Obviamente lo que nosotros queremos evitar es que se pueda utilizar otra vez una norma como se usó la anterior; es decir, que se emplee para vivienda de interés social y se acabe comercializando para otro tipo de intereses, eso es lo que no queremos que suceda, puntualizó.

Con la finalidad de evitar que desarrolladores inmobiliarios u organizaciones sociales hagan mal uso de las normas 30 y 31, el Gobierno del Distrito Federal plantea incluir al menos siete candados en su aplicación, que irían desde la firma de compromisos para su cumplimiento por parte de constructores, hasta el fincamiento de responsabilidades penales.

De acuerdo con el proyecto que la Seduvi busca acordar con jefes delegacionales, autoridades locales y agrupaciones demandantes de vivienda, se trata de que ese esquema de desarrollo urbano no caiga en los mismos errores de la norma 26, la cual promovía la vivienda de interés social y que ahora está congelada, ante los abusos en su uso por parte de empresas del ramo inmobiliario.

En reunión con periodistas, representantes de esa dependencia y los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Xochimilco, Pablo Benlliure y Gerardo Gómez del Campo, detallaron las restricciones que se incluirían.

El primer candado –detalló Benlliure– establece que quien quiera beneficiarse con las normas 30 o 31 deberá firmar un documento en el que se obliga a respetar dichos lineamientos, y quien no se sujete a ellos se le denunciará penalmente. Otro es que se extenderían certificados personalizados para identificar al titular de los derechos y obligaciones.

Un tercero sería que un notario público haría la anotación, en escritura pública, de que el inmueble en cuestión se benefició de la norma 30 y con ello se evitaría que se eleve el precio de venta –o simularse su comercialización– a una tercera persona. La cuarta restricción tiene que ver con que si se quiere vender más caro los notarios públicos no estarán autorizados para realizar el trámite de cesión de derechos.

Otro de los puntos es que no se podrá liberar la custodia de los folios del inmueble en cuestión, si es que se quiere violar la citada norma; con el sexto asunto se obligaría a las delegaciones políticas a publicar –para consulta pública—la lista de certificados que emita en cumplimiento de la norma 30, y, finalmente, el séptimo candado define que si se incumple con esos lineamientos se procederá penalmente contra el constructor o el dueño del predio.

Según precisaron Benlliure y Gómez del Campo, esos siete aspectos no están incluidos en la norma 26, con lo que ayudará a que no se distorsione la aplicación de la 30 y 31.