La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos es un regalo del presidente Enrique Peña Nieto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que hará un gran negocio con ese organismo, entre cuyas facultades están expedir, suspender o negar licencias de exploración y explotación de hidrocarburos e incluso clausurar instalaciones, advirtieron los senadores perredistas Dolores Padierna, Miguel Barbosa y Alejandro Encinas.

Los legisladores del PVEM no respondieron a la acusación y las críticas que los perredistas formularon durante la reunión de comisiones unidas en la que se discutió esa norma, que forma parte del cuarto dictamen de las leyes secundarias en materia energética, ni ayer tampoco aludieron a ese tema.

Los perredistas recordaron que esa agencia se creó a iniciativa de la senadora Ninfa Salinas, hija del dueño de Tv Azteca, y se incluyó en la reforma constitucional en materia energética, que se aprobó en diciembre pasado.

Se trata de un organismo “innecesario, que crea más burocracia, ya que duplica funciones con otras dependencias, invade atribuciones, funciones y competencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), e impedirá una correcta aplicación de la legislación ambiental, advirtió el senador Alejandro Encinas.

Añadió que en realidad es sólo una ventanilla de negocios para los verdes.

La senadora Padierna precisó que a ese organismo ni siquiera se le dan las facultades “para poder controlar a monstruos trasnacionales, como Chevron, que ha causado un daño tremendo en la amazonia ecuatoriana.

La agencia, recalcó, no tiene entre sus atribuciones la de exigir a las empresas un estudio de impacto ambiental.

Padierna comentó que además de los recursos presupuestales que cada año recibirá esa agencia –según se estableció desde la reforma constitucional–, podrá disponer de derechos y aprovechamientos que cobre a las empresas que provoquen daños ambientales. Ello, dijo, es ilegal, ya que invade facultades del Congreso, el único autorizado para retener ingresos públicos.

La legisladora insistió en que en el dictamen que un día antes se discutió se autoriza que el primer director ejecutivo de esa agencia pueda ser un ex accionista o ex directivo de empresas nacionales o extranjeras del sector petrolero, lo cual es muy grave, ya que significa que el organismo que vigilará que las trasnacionales que exploten el petróleo no lesionen el medio ambiente, puede ser alguien que estuvo al frente de alguna petrolera extranjera.

Agregó que además de que ese director ejecutivo y los demás funcionarios tendrán sueldos altísimos, en el artículo 35 se establece que dispondrán de un seguro de responsabilidad civil y asistencia legal. ¿Se pretende pagar con recursos públicos su irresponsabilidad o su falta de conocimiento legal en la materia?”, preguntó.

Tanto Encinas como el coordinador Miguel Barbosa comentaron que la agencia la administrará el PVEM y seguramente va a proponer al que será su director.

Puede ser alguien ligado a las inversiones del Grupo Salinas, que está dentro del PVEM y que ha hecho inversiones en energía renovable en varios estados.

Durante la reunión de comisiones dictaminadoras del viernes pasado, el senador pevemista Carlos Alberto Puente sostuvo que esa agencia es un órgano especializado, con capacidad técnica, que ayudará a que las empresas petroleras reduzcan el daño ambiental y minimicen la huella ecológica.

No respondió a las críticas del PRD y tampoco el PRI cuestionó. El senador priísta Ernesto Gándara sólo comentó: No veo en ningún momento nada malo y nada perjudicial para el país que se cree una agencia especializada de nivel y fortalecida para que tome decisiones en la supervisión, en la vigilancia, y por qué no decirlo, también en la mitigación que hay en el tema de desarrollo sustentable para que aprovechemos nuestros recursos naturales cuidando nuestro entorno.