Organizaciones campesinas expresaron su repudio al despojo de tierras que plantean las leyes de hidrocarburos y de órganos reguladores, ambas discutidas en el Congreso en el contexto de la aprobación de las normas reglamentarias en materia energética.

En entrevistas por separado, Marco Antonio Ortiz, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas; Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, y Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, criticaron que por medio de dichas normativas, con el pretexto de utilidad pública empresas extranjeras puedan despojar de sus tierras a campesino, ejidatarios y comuneros. Advirtieron que los campesinos no cederán, por lo que crearán comités de defensa de la tierra y la propiedad.

El Frente Auténtico del Campo ha planteado que esta legislación es un instrumento de despojo y atropello a los derechos de los propietarios de la tierra, y que se esgrima la causa de utilidad pública para expropiar en beneficio de proyectos privados nos parece criminal. No vamos a permitir el despojo. Tendrán que pasar sobre nuestro cadáver, advirtió López Ríos.

Correa señaló que la jornada nacional que realizarán el próximo 23 de julio agrupaciones campesinas en defensa del territorio y el derecho a la alimentación expondrá esta demanda; lamentó que a pesar de los ofrecimientos del coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, y del secretario de Agricultura, Enrique Martínez, sobre gestionar una reunión con el titular de Energía, eso no se ha cumplido.

Señaló que con la aprobación de dichas leyes ponen en riesgo la viabilidad de un acuerdo con las organizaciones sobre la reforma del campo, y que dichas leyes secundarias en materia energética son un atentado contra el derecho a la alimentación.

Ortiz lamentó que se estén creando todas las condiciones para que empresas privadas puedan adueñarse de la tierra. El presidente Enrique Peña Nieto no tiene palabra; la única que tiene es la de generar condiciones para que las empresas privadas acaben con los recursos que nos quedan, dijo.

Consideró que los más afectados serán los ejidos y comunidades indígenas, porque las grandes reservas de hidrocarburos y minerales están en sus tierras. Con esto, dijo, se generan condiciones para que el país se incendie.