Los Ángeles, 10 de julio.

En momentos en que las autoridades electorales se esfuerzan por convencer a más ciudadanos de que voten, defensores de discapacitados dicen que a miles de personas con autismo, parálisis cerebral y otras discapacitaciones intelectuales o evolutivas se les ha negado sistemáticamente ese derecho básico.

Una demanda interpuesta el jueves ante el Departamento de Justicia toca un tema políticamente delicado con que los estados han lidiado a lo largo de años: ¿cuál es el límite para impedir que alguien vote debido a una deficiencia cognitiva o evolutiva?

El cuestionamiento del Proyecto Discapacitación y Abuso sostiene que las incapacitaciones intelectuales y evolutivas, incluso el síndrome de Down, no constituyen impedimento automático para votar. Busca una revisión de la elegibilidad para sufragar en el condado de Los Ángeles en dichos casos, argumentando que miles de personas en esas condiciones han perdido ese derecho en la última década.

Deseamos que se corrijan esas injusticias y que los jueces y abogados protejan, y no violen, los derechos de las personas en esa condición, dijo Thomas F. Coleman, director legal del grupo.

En el caso de California está en juego el acceso al voto de los adultos que entran en tutoría legal, en la que los padres o guardianes asumen el derecho a tomar determinadas decisiones para quienes carecen de la habilidad para manejar sus asuntos financieros y médicos. Según el grupo, a esas personas se les niega rutinariamente el derecho a sufragar.

En California hay más de 40 mil personas en esa situación, que por lo general viven con sus familias o en hospicios.