ras una sesión que se prolongó más de 15 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, sin modificaciones, el dictamen a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que había enviado el Senado de la República, lo que allana el camino para su promulgación inmediata por parte del Ejecutivo federal.
Ciertamente, el documento aprobado reviste algunos aspectos positivos, como la supresión de tarifas especiales para las llamadas de larga distancia nacional fija o móvil a partir del 1º de enero de 2015; la gratuidad de la portabilidad (el derecho del usuario a conservar su número telefónico al cambiar de compañía); la inclusión, en la propia ley, de un apartado de derechos de las audiencias en el que se establece el deber de difundir contenidos que respeten los derechos humanos y en los que se distinga claramente entre programación y publicidad, y entre información y opinión, así como la posibilidad de que las nuevas cadenas de televisión abierta –dos de las cuales deberán licitarse en próximos meses– tengan acceso a la infraestructura del agente preponderante en radiodifusión.
En contraparte, la reforma establece criterios o disposiciones que son contrarios a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad de los usuarios, como la posibilidad de que las autoridades soliciten a los concesionarios la geolocalización de dispositivos móviles, incluso sin mandato judicial, cuando se sospeche que están vinculados con actividades delictivas. Asimismo, la ley obliga a los concesionarios de telefonía a llevar un registro de las comunicaciones de sus usuarios, el cual podrá ser consultado por las autoridades, lo que abrirá un margen indeseable para la vigilancia masiva y arbitraria de particulares.
Pero acaso lo más preocupante del documento es que apunta a perpetuar y fortalecer el predominio empresarial sobre el espectro radioeléctrico, circunstancia que violenta la libertad de información y el acceso a ella de otros sectores; circunscribe la tan anunciada competitividad y apertura de las telecomunicaciones al ámbito de los capitales, y profundiza, en esa medida, la desproporción existente entre los medios privados y los medios públicos y sociales.
A partir de la promulgación de las reformas comentadas, los medios propiedad del Estado quedarán colocados en condiciones de desventaja económica, tecnológica y operativa a consecuencia de las disposiciones que establecen que su principal fuente de recursos sea el presupuesto del erario, y que reducen al mínimo sus posibilidades de contar con patrocinadores privados. Otro tanto puede decirse de los medios sociales –comunitarios e indígenas– y los que son operados por instituciones de educación superior: mientras los primeros se verán limitados a comerciar espacios publicitarios únicamente con dependencias federales, estatales o municipales, los segundos no podrán solicitar subsidios para la transición digital, lo que los condena claramente al atraso tecnológico.
En suma, aunque las leyes aprobadas ayer preconizan en su texto el combate a los monopolios y la libre competencia, en los hechos terminan por consolidar el monopolio del poder corporativo en el sector de las telecomunicaciones e impulsan el proyecto de un modelo social excluyente y unívoco, hecho a modo y gusto de los intereses empresariales, que no refleja las otras expresiones sociales de las que se compone el país.
