n un desplegado que aparece hoy en estas páginas, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) acusa a La Jornada de defender a uno de los hombres más ricos del mundo, en perjuicio de la población mexicana. Tal es la peculiar interpretación que el organismo firmante hace de una nota destacada ayer en la primera plana de este diario que se refiere a la tarifa cero de interconexión y a las facultades suprimidas por el Senado de la República al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para regular la materia, a contrapelo de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La nota en cuestión cita al especialista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy & Law, quien señala que a consecuencia de la redacción del documento de reforma de telecomunicaciones aprobado por dicha cámara legislativa –al actor preponderante en telecomunicaciones se le aplicará la tarifa cero de interconexión–, Teléfonos de México y Telcel deberán subsidiar a sus competidores con más de 11 mil millones de pesos al año, con el riesgo de que ambas empresas dejen de invertir en el mantenimiento y expansión de su red. Ello, sin embargo, no representará ningún beneficio directo para los consumidores –quienes seguirán pagando las tarifas habituales–, sino para los competidores de las empresas propiedad de Carlos Slim.

No hay en lo anterior ningún propósito de defender a uno de los hombres más ricos del mundo, de difundir puntos sesgados e imparciales, verdades a medias o falsos hechos o de desinformar, como asegura la Canitec; tampoco hubo, como afirma su desplegado, celebración de ninguna clase por parte de este diario cuando el Legislativo se apegó a la lógica must offer-must carry que obliga a las televisoras de señal abierta a entregar sus contenidos a las de señal restringida, y a éstas, a transmitirlos.

La nota informativa impugnada y malinterpretada se limita a presentar el punto de vista de un analista, a reseñar las directrices de la OCDE y a contrastar ambos elementos con lo aprobado por los senadores, sin editorializar la información ni tomar partido por los actores económicos involucrados. En el contexto de la virulenta disputa por las leyes y por el mercado que tiene lugar en el país entre los principales consorcios de telecomunicaciones –Telmex-Telcel y Televisa, entre ellos–, La Jornada ha brindado cobertura informativa de las posturas de los contendientes, de los legisladores, de especialistas y académicos, de actores políticos diversos (y, en diversas ocasiones, de la propia Canitec), sin acomodar los hechos a los intereses del periódico y menos a los de el hombre más rico del país. Cuando este diario ha querido fijar su posición sobre la disputa referida o sobre otros asuntos, lo ha hecho en este espacio editorial, sin interferir con el trabajo informativo de sus reporteros. Otra expresión del quehacer periodístico ha sido el trabajo de crítica y análisis realizado por los colaboradores del diario bajo su firma.

En suma, la sorpresa expresada por la Canitec no deriva del desempeño periodístico de La Jornada, sino, al parecer, de una confusión de los directivos de esa cámara, quienes, a lo que puede verse, no tienen clara la diferencia entre la información que brinda un medio y su postura editorial.