La infraestructura de salud en el país está rebasada, con hospitales saturados, equipos médicos obsoletos o inexistentes. Para avanzar, a pesar de esto, e incluir nuevas enfermedades en la cobertura del Seguro Popular, tendría que subir la inversión en el sector, por lo menos a 7 por ciento del producto interno bruto. Actualmente es de 6 por ciento, advirtió Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

En entrevista, descartó que exista algún riesgo de privatización de los servicios de salud en México y reconoció que luego de 10 años no hubo manera de que los gobiernos de los estados fueran buenos administradores. Por eso la decisión de modificar la Ley General de Salud (LGS) y facultar a la CNPSS a realizar un seguimiento puntual sobre el uso de los recursos e incluso, a disponer de los mismos para la compra de medicinas y el pago de servicios médicos a hospitales federales e institutos nacionales de salud que atienden a afiliados del Seguro Popular, a los que hasta ahora les cobra aunque los servicios que reciben están incluidos en la cobertura de ese esquema de aseguramiento.

El Congreso aprobó los cambios legales en diciembre pasado, entraron en vigor el 5 de junio y la CNPSS tiene un plazo de seis meses para elaborar el reglamento y lineamientos necesarios para la aplicación de las nuevas reglas.

–¿Qué resaltaría de la reforma a la LGS?

–Tendremos la capacidad de transferir los recursos económicos a los estados en efectivo o en especie. Buscamos por ejemplo, que el abasto de medicamentos esté por arriba de 90 por ciento y que los afiliados obtengan las medicinas que necesitan. Para ello, las entidades se sumarán a la compra consolidada. Hasta ahora 18 ya han expresado su voluntad de hacerlo.

También es asegurar que las secretarías de finanzas estatales entreguen a las de salud los montos autorizados para la atención médica en una cuenta bancaria cuyo uso será monitoreado por la CNPSS. Cualquier desvío o mal uso se sancionará con cuatro a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo.

–¿Habrá nuevas reglas para afiliados que acudan a hospitales federales o institutos nacionales de salud? Hoy lo hacen por su cuenta, aunque paguen por los servicios que reciben.

–La reforma faculta a la CNPSS para que tome el dinero del estado que corresponda y lo pague al prestador del servicio. Antes no se hacía. Significa para el Hospital General de México, por ejemplo, cubrir los costos de 30 por ciento de sus pacientes que son originarios del estado de México y más de 20 por ciento del Instituto Nacional de Cancerología. Para esa entidad representará una erogación de 300 millones de pesos al año. Respecto de los usuarios, lo ideal sería que llegaran con una hoja de referencia, pero sólo tendrán que acreditar que su póliza del Seguro Popular está vigente.

–¿Representará una merma para los estados?

–No. Debe entenderse como un mecanismo de portabilidad y porque una queja constante de los secretarios de salud era la falta de dichos pagos. En todo caso, contribuye a evitar desvíos y obligar a las entidades a cubrir de manera efectiva la atención de los pacientes.

–¿Es revertir la descentralización de los servicios?

–No. Sólo se busca que haya menos observaciones de la Auditoría Superior de la Federación cada año. Los estados son autónomos, pero no se pudo, luego de 10 años de operación del Seguro Popular, que fueran buenos administradores. Lo que haremos será coadyuvar a que usen mejor su dinero y que los afiliados tengan más salud por el dinero.

–¿La reforma favorece la participación del sector privado en la prestación de servicios?

–Ya estaba en la ley y ahora la CNPSS tendrá la facultad de fijar los requisitos que deben cumplir públicos y privados, entre otros que tengan la capacidad, los equipos de alta tecnología el personal y se cumplan con las guías de atención clínica.