Los criterios para certificar a policías y otros agentes vinculados con la seguridad pública y nacional fueron ampliados y especializados a fin de detectar a los elementos coludidos con grupos criminales e impedir su permanencia en las instituciones.

Por ejemplo, un ‘‘manejo indebido de información’’ de los elementos es causal para reprobar las pruebas: ‘‘vender, filtrar, alterar, ocultar o destruir información y/o material confidencial, que ponga en riesgo la operación y/o vulnere la seguridad institucional, de terceros, así como el cumplimiento de objetivos, haya o no recibido beneficios a cambio’’.

Luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, admitió deficiencias en el proceso de evaluación de control de confianza, se focalizaron los esquemas de evaluación. Se considerará elemento de ‘‘alto riesgo’’ –y causal de no aprobación de la certificación– la participación ‘‘voluntaria, directa o indirecta’’ con el crimen.

Es decir, si se detecta ‘‘colaboración, negociación, apoyo, protección o información en favor de los delincuentes’’, aun cuando los policías o agentes obtengan o no beneficios de cualquier índole. Ante sospecha o evidencia de irregularidad, los evaluadores ampliarán la investigación acerca de los ingresos del evaluado, no sólo a nivel salarial.

Historias de vida

‘‘Se analizarán antecedentes, incluidos los documentos personales, así como la historia de vida, no sólo de trayectoria laboral’’. Lo anterior está delineado en el documento base para evaluar los criterios de riesgo, el cual fue analizado ayer por los responsables de esta tarea en el país.

‘‘Cuando se confirmen factores de alto riesgo que vulneren la seguridad institucional se emitirá el resultado de ‘no aprobado’. Se consideran criterios de alto riesgo: características de personalidad, conductas delictivas, delincuencia organizada, corrupción, sanciones administrativas, manejo indebido de información, consumo de drogas y situación económica patrimonial’’.

Los especialistas deben contar con criterios homologados, es decir, poner en contexto las características de riesgo del evaluado. También es causal de no aprobación ciertas características de personalidad, conductas delictivas, delincuencia organizada, corrupción, sanciones administrativas y situación económica patrimonial no acorde a los ingresos.