En la actual administración federal hay un enorme desprecio por la educación pública y por la elaboración de los libros de texto, afirmaron Paulina Domínguez y Ana García Sepúlveda, expertas en diseño y corrección editorial que participaron en la dictaminación de los libros de secundaria para el ciclo escolar 2014-2015.

Indicaron que por años se desmantelaron los equipos de especialistas y se abonó al caos y el descuido en su elaboración. Aseguran que continúa la improvisación, el desorden, la premura y el escaso interés de quienes toman las decisiones para garantizar que sólo los mejores textos lleguen a las aulas.

Integrantes del equipo de 34 especialistas que revisaron los materiales de julio a octubre de 2013, indicaron que el proceso de revisión fue caótico por la premura para cumplir con los tiempos acordados con las casas editoriales. Añadieron que hasta la fecha no han recibido pago, por lo que pidieron al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, una solución inmediata.

En entrevista con La Jornada, señalaron que se dio poco tiempo para la revisión de los textos, no se contó desde un principio con las matrices y plantillas que guiarían la evaluación, y en algunos casos se aceptaron para su dictaminación textos incompletos, de mala calidad en contenidos y recursos iconográficos.

Narraron que la revisión de los libros de texto –que serán entregados a alumnos de secundaria en agosto próximo– inició en julio de 2013. La primera etapa, que incluyó más de 240 títulos, fue encabezado por Esther Pérez, entonces directora de Evaluación, Difusión y Distribución de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa de la SEP, quien abandonó su cargo antes de concluir las dictaminaciones.

La ex funcionaria, agregaron, solicitó una lectura experta para detectar errores ortotipográficos, erratas, problemas de sintaxis, revisión de recursos iconográficos, tipografía y uso del lenguaje en los materiales. Nos estableció un pago de 25 pesos por cuartilla, pero sin un contrato de por medio. Aceptamos porque era la SEP, una instancia pública de la que no teníamos por qué desconfiar.

En agosto de 2013, y ante la presión por terminar en los tiempos establecidos, el equipo de especialistas pasó de siete a 34 miembros, quienes entregamos los reportes acordados, pero tras la salida de Pérez se nombró a María Antonia Chávez, quien nos dice que todo el trabajo realizado no era el requerido y que debemos entregar una dictaminación editorial.

Nos prometen, agregaron, la entrega de directrices y una matriz para las evaluaciones, pero durante semanas no ocurrió así. Señalaron que una vez concluida su labor a finales de octubre de 2013, se nos dijo que el pago sería en noviembre, pero no cumplieron y hubo un silencio total de la SEP.

Ante ello, solicitaron en diciembre pasado una reunión con Laura Athié Juárez, entonces directora general adjunta de Materiales Educativos, quien abandonó su cargo en días recientes para integrarse al área de políticas educativas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Athié, explicaron, nos dijo que lamentaba el retraso en el pago y que a más tardar se cubriría en marzo de este año. Confiamos en su palabra y esperamos ese lapso, pero llegó abril y no sabíamos nada.

Nuevamente solicitaron una reunión, en la que Athié y Édgar Tafolla Castrejón, director de Administración de Recursos y Gestión Digital, reconocieron el adeudo, pero insistieron en que la SEP está en déficit. Nos piden comprensión y esperar hasta el junio 15 para saber si habría pago.

Cumplida esa fecha, agregaron, sólo nos enviaron un correo electrónico donde se informa que hay un expediente abierto en el Órgano Interno de Control de la SEP y que deberá esperarse a que determine qué procede, es decir, son más de seis meses de trámites, solicitudes y entrega de informes, y no hay indicios del pago de nuestros honorarios.