La Ley de Hidrocarburos que aprobó el Senado contiene conceptos perniciosos que afectarán a los sectores más pobres del país, como la llamada constitución de servidumbre, que es un instrumento para despojar de tierras y lotes urbanos a los dueños de las propiedades, si en éstas hay yacimientos petrolíferos o son de utilidad para alguna fase de la actividad industrial o comercial de esa rama.

Un análisis que elaboró la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) sobre esta ley, señala lo anterior y añade que este ordenamiento contiene diversos aspectos negativos para el país, los ciudadanos e incluso Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que, por ejemplo, si la paraestatal quiere asociarse con otras empresas privadas, no podrá escoger a su socio, pues será otra autoridad la que decida.

Además, el Estado sólo tendrá la posibilidad de cancelar un contrato en situaciones específicas, mientras que para el contratista es una relación desechable desde el momento en el que ya no convenga a sus intereses.

Otro punto en favor de las empresas privadas es que no se prevé un sistema de auditorías externas para supervisar el cálculo y el pago efectivo de los impuestos, lo que protege al contratista y no al gobierno.

La Untypp rechazó la referida ley ya que, según expuso, la misma parte de la renta petrolera pasará a manos de los extranjeros, lo que reduce sensiblemente las posibilidades de desarrollo del país.

Esto es porque si bien el gobierno federal habla mucho de la renta petrolera y promete que la nación se quedará con ella, es un concepto que no se define en la Ley de Hidrocarburos ni en la Ley de Ingresos Petroleros, siendo que la esencia de los contratos de exploración y producción es el reparto de la renta.

La Ley de Hidrocarburos debería establecer un ingreso mínimo garantizado para la nación por ser propietario de los hidrocarburos, independientemente de lo que cada asignatario y contratista pague de impuesto sobre la renta, como cualquier empresa mercantil, pero no lo hará.

También se dará un trato desigual y discriminatorio hacia las empresas del Estado del sector energético, ya que, por ejemplo, la Secretaría de Energía (Sener) podrá modificar cuando quiera y como quiera los términos y condiciones de una asignación, de ahí que no haya ninguna certidumbre jurídica para la empresa pública.

Incluso Pemex podrá solicitar la migración de una asignación a contrato, pero la Sener podría negársela, y si la secretaría autoriza el cambio, Petróleos Mexicanos no pagará menos impuestos, pues Hacienda ajustará el régimen fiscal para que siga tributando lo mismo.

Como complemento a las actividades que continuará realizando Pemex, se contempla un nuevo modelo de participación de particulares en actividades de refinación, petroquímica, así como transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural y los derivados de estos hidrocarburos.

De igual modo se permitirá participación privada activa en la venta al público de los productos. En el caso de la industria del gas natural se prevé también la participación de terceros, lo que traerá consigo el decaimiento de la industria nacional y el auge de las importaciones, pues las trasnacionales instaladas en México no cubrirán el faltante.

Por ello, para esta unión que tiene la representación sindical de los técnicos y profesionistas de Pemex, la Ley de Hidrocarburos pone en riesgo la soberanía energética y la seguridad nacional, y roba a las futuras generaciones la posibilidad de tener un país con desarrollo.