La nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos tendrá mecanismos para atajar el lavado de dinero en casinos y otros espacios donde se realicen apuestas, las cuales estarán detalladas en la norma.

Los permisionarios –uno por cada casino– deberán registrar en dos medios electrónicos todas las apuestas y dar a la autoridad, cada tres meses, reportes de su estado financiero y, en su caso, de los movimientos accionarios de sus negocios.

Igualmente, impedir que los accionistas o socios radiquen en ‘‘territorios con regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de baja imposición fiscal’’.

Todas las empresas contarán con un sistema central de apuestas y un sistema de participaciones (porcentaje que se paga a la Tesorería de la Federación por cada boleto vendido), en el cual se registre cada uno de los aspectos del juego: montos de apuestas, premios recabados, premios no cobrados y los ingresos que generó cada establecimiento.

El sistema central de apuestas tendrá que prestar las garantías suficientes para evitar la inducción al error y su manipulación, es decir, garantizar transparencia operativa. Actualmente, los permisos vigentes amparan, cada uno, la operación hasta de 96 establecimientos, ‘‘lo que genera dificultad en su control’’, advierte la autoridad responsable.

Los dueños de establecimientos estarán obligados a denunciar ante las autoridades ‘‘cualquier conducta o práctica de los usuarios que pueda considerarse probablemente constitutiva de delitos relacionados con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita’’.

En tanto, las autoridades de los tres niveles de gobierno mantendrán un permanente intercambio de información y tendrán actualizados los archivos de cada trámite y movimiento en los establecimientos.

Actualmente son los municipios (o delegaciones, en el caso de la capital del país) las encargadas de dar la anuencia para la instalación de los casinos y en los proyectos de ley se preserva esta condición.

Los parámetros anteriores están incluidos en un proyecto de la nueva ley del sector, cuyo proceso de negociación entre funcionarios y diputados está en su punto más alto, porque deben alcanzar un acuerdo acerca de la figura que tendrá el máximo órgano regulador de esta industria que reportó en 2012 ‘‘manejos’’ por 56 mil 632 millones de pesos, según datos de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos.

Hasta ahora predomina el plan para que el gobierno federal lleve la batuta, ya sea al encabezar un ‘‘instituto nacional’’ (órgano desconcentrado de Gobernación, en cuyo consejo consultivo estarían otras dependencias federales) o la ‘‘comisión federal de juegos y sorteos’’; esta última sería presidida por el enviado del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con uno de los documentos de trabajo en circulación, la comisión tendría cinco integrantes, uno designado por el Ejecutivo, otro por el pleno de la Cámara de Diputados y uno más por el pleno del Senado. Asimismo, el cuarto sería enviado por representantes de asociaciones de organizaciones de sorteos con fines educativos, y el quinto ‘‘designado en común acuerdo’’ por las asociaciones representantes de los permisionarios (dueños de casinos).

El proyecto de ley, cuyos autores están interesados en impulsar la conducción del sector a través de una comisión, consta de 200 artículos y siete transitorios; en el texto de trabajo se definen las tareas de la Comisión Federal de Juegos y Sorteos, responsable de la inspección y de la aplicación de multas y sanciones, las cuales incluyen montos de entre 50 mil a 500 mil pesos y la revocación del permiso en caso de reincidencia.

Los requisitos para ser comisionado son: ser mexicano, mayor de 30 años, acreditar amplia experiencia y reconocimiento en la materia, no haber sido condenado por delito de carácter patrimonial, no ser funcionario público y no tener relación comercial con algún permisionario. La comisión sustituiría a la Dirección General de Juegos y Sorteos y será creada por el Ejecutivo a más tardar a los 6 meses siguientes de la entrada en vigor del decreto.

En el tercer transitorio se advierte que los permisos actuales serán regulados por la normatividad anterior (con origen en el año 1947 y nunca reformada), hasta en tanto concluya su vigencia; una vez que esto ocurra podrán solicitar la renovación del permiso, siempre que cumplan con los nuevos requisitos. El reglamento de la nueva ley deberá estar listo, igualmente, dentro de los 180 días posteriores al decreto.

Mañana (martes) se reunirán nuevamente los participantes de la mesa de negociación, integrada por tres funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Marcela González Salas, titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos; Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo, y David Arellano Cuán, director jurídico de la dependencia) , y por los integrantes de la comisión especial de la Cámara de Diputados para analizar el tema, presidida por Fernando Zárate (PRD).

Los negociadores han dicho que próximamente estará listo el texto, a fin de continuar con el análisis y presentarlo como iniciativa en septiembre, arranque del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.