iles de médicos y trabajadores del sector salud salieron ayer a las calles de diversas ciudades del país para manifestarse en solidaridad con 16 colegas suyos del IMSS, adscritos al Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente, en Jalisco, quienes se encuentran sometidos a un proceso por negligencia tras la muerte de un menor que se encontraba en ese nosocomio.

Más allá del caso específico que detonó el movimiento de protesta, éste –organizado en las redes sociales después de que un tribunal de segunda instancia emitió órdenes de aprehensión contra los 16 profesionistas referidos– ha ido mucho más allá del triste episodio jalisciense y ha puesto el foco de atención en la creciente criminalización de la práctica médica por parte de la sociedad y de los medios, a raíz de asuntos más recientes, como la negativa de atención a parturientas en diversos hospitales de Oaxaca.

En efecto, el movimiento #YoSoy17 pone en evidencia que, más allá de malas praxis en casos individuales –que deben, desde luego, ser sancionadas conforme a la ley–, las instituciones de salud pública del país padecen una aguda crisis que no puede ser atribuida a la irresponsabilidad profesional de los médicos y otros trabajadores de su ramo, sino al deliberado abandono de sus obligaciones en la materia por parte del Estado.

Como señala el comunicado de #YoSoy17, existe un deterioro constante y paulatino de los servicios públicos de salud, una manifiesta merma presupuestal y, por consiguiente, una serie de carencias de materiales, infraestructura y medicamentos, así como una degradación de las condiciones laborales de médicos, enfermeras y paramédicos, quienes se ven obligados a atender a decenas de pacientes en un solo turno sin contar con el instrumental ni el material adecuados.

Cualquier ciudadano que asista a las instituciones del sector salud puede constatar la realidad de estas carencias y que el panorama descrito por los facultativos no es imaginario. Lo cierto es que la precariedad en que se ha obligado a operar a hospitales y clínicas públicas atenta contra la seguridad y la dignidad de los pacientes, contra las condiciones de trabajo de los médicos y personal de apoyo, así como contra las posibilidades de esclarecimiento legal de responsabilidades en casos como el del Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente.

La otra cara de la moneda de esta circunstancia es la multiplicación de oportunidades de negocios para el sector privado en todas las instancias y niveles de la atención sanitaria: desde dispensarios anexos a cadenas farmacéuticas en los que se cobran pequeñas cantidades a los pacientes, con tal de impulsar las ventas de medicamentos, hasta la edificación de lujosos complejos hospitalarios privados.

La movilización gremial #YoSoy17 apunta, en suma, a la necesidad de abandonar el modelo económico que preconiza la privatización de todos los bienes y servicios públicos, la transformación de derechohabientes en consumidores y la conversión de derechos constitucionales en transacciones mercantiles. Sin abogar por la impunidad en casos de real negligencia y malas prácticas médicas, este diagnóstico es acertado y merece ser tomado en cuenta por la opinión pública.