Luego de 13 años de litigio, el terreno conocido como El Encino es formalmente propiedad del Gobierno del Distrito Federal, al ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, informó la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina.

Para tal efecto, la administración de la ciudad de México pagó 95 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios a la empresa Promotora Internacional Santa Fe, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la expropiación del terreno se dio fuera del marco constitucional y ante la imposibilidad de regresar el terreno.

Esta decisión, señaló la dependencia, liberaba a la administración capitalina de la pretensión de la empresa para que se le devolviera dicho terreno, en el que se abrió una vialidad para dar continuidad a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

El 11 de agosto de 2011, la SCJN determinó que el gobierno de la ciudad de México debía pagar por la expropiación del predio El Encino y ordenó a un tribunal colegiado en materia administrativa convocar a la autoridad y al dueño del predio, para que se fijara el monto de la indemnización.

El Encino fue expropiado en 2000 por la entonces jefa de Gobierno interina del Distrito Federal, Rosario Robles, con el propósito de abrir una vialidad para dar continuidad a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

Dicha acción derivó en un litigio con la empresa Promotora Internacional Santa Fe que en 2005, lo que provocó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador quien estaba al frente del gobierno de la ciudad.

Finalmente, en octubre de 2012, Marcelo Ebrad inauguró la vialidad, cuyo propósito es facilitar el acceso al plantel Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana y al hospital privado ABC.

Dos meses después, el juez Eduardo Alvarado, del juzgado noveno en materia administrativa, ordenó a las autoridades capitalinas pagar a la empresa Promotora Internacional Santa Fe la indemnización correspondiente.

Con la formalización de la propiedad de El Encino, la Consejería Jurídica afirmó que se concluye este conflicto de manera positiva para el gobierno de la ciudad de México, con la certeza jurídica de que el terreno en cuestión es patrimonio inmobiliario del Distrito Federal.