l reinicio de las discusiones legislativas sobre las leyes secundarias en materia energética –particularmente, las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica–, que tendrá lugar la semana entrante, marca el último tramo de un proceso que podría derivar en la apertura de un margen de discrecionalidad para el despojo de tierras a favor de trasnacionales y la consecuente ampliación de un poder fáctico indeseable que contaría con el control de buena parte del territorio.
En días recientes, diversas organizaciones campesinas, sindicales y de la sociedad civil se han expresado en sentido contrario a las leyes referidas y las han calificado de violatorias de la Constitución. El descontento no es gratuito, si se toma en cuenta que al amparo de semejante legislación infinidad de comunidades, pueblos y rancherías quedarían a merced de los vastos poderes de negociación, presión y chantaje propios de las trasnacionales petroleras y las reservas ecológicas podrían ser eliminadas en aras de un supuesto interés social y orden público
, que en realidad obedecerá, una vez consumada la desnacionalización de la industria de hidrocarburos, a los intereses privados.
Esa perspectiva equivaldría, en caso de consolidarse, a una nueva vuelta de tuerca para sectores de la población que de por sí enfrentan el embate regular de grandes corporaciones mineras, energéticas, turísticas y de la industria de la construcción. Desde una perspectiva más general, la aprobación de las referidas leyes supeditaría prácticamente cualquier actividad económica que se desarrolle en el territorio a las necesidades del ramo energético y de las empresas correspondientes. Los órdenes de gobierno municipal y estatal, e incluso el federal, perderían potestades en materia de ordenamiento territorial, desarrollo de infraestructura y política industrial, toda vez que los planes y proyectos correspondientes estarían subordinados, en última instancia, a las decisiones de la Secretaría de Energía.
En suma, la eventual luz verde legislativa a la reglamentación secundaria propuesta por el Ejecutivo y modificada por las bancadas del PRI y el PAN daría pie a una regresión histórica en la que el país quedaría en manos de grandes trasnacionales y en el que las empresas del ramo energético podrían recuperar el poder omnímodo que les fue retirado mediante la expropiación petrolera de 1938. Si bajo el marco legal aún vigente el Estado ha cometido –a instancias de Pemex– con excesiva frecuencia abusos y atropellos contra campesinos y pescadores, cabe imaginar lo que harían consorcios sin ningún compromiso con el país e interesados únicamente en la obtención de la máxima y más rápida ganancia.
Por desgracia, el actual equilibrio de fuerzas en las instancias legislativas y la orientación ideológica de la mayoría de los legisladores hacen poco probable que se dé una sorpresa en el Senado de la República, y es previsible que la legislación referida sea aprobada en los términos descritos. Con ello no sólo se abre una perspectiva desoladora para el país, su economía y su soberanía: se profundiza también la fractura, de por sí alarmante, entre el México formal y el real y se porfía en la tendencia de ejercer el poder mediante decisiones revestidas de legalidad, pero carentes de legitimidad y contrarias al interés público y el bienestar nacional.
