La aplicación de la norma 30 en el Distrito Federal fortalecerá la tendencia existente en el Instituto de la Vivienda (Invi) de excluir de un inmueble a la población de menores ingresos, ya que el costo que se propone para las casas de interés bajo no corresponde a la capacidad de pago de ese sector, advirtió en un análisis la asociación civil Casa y Ciudad.

La agrupación, que asesora técnicamente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en el programa de mejoramiento barrial, detalló que hace cuatro años 90 por ciento de las familias atendidas por el Invi tenían ingresos de hasta cinco salarios mínimos –que es la población objetivo de este organismo–, pero en 2012 esta cifra se redujo hasta 42 por ciento.

Georgina Sandoval, presidenta de Casa y Ciudad, subrayó que no se trata de la población más pobre, porque ellos ni soñar con una casa, sino que es aquel sector que alcanza hasta cinco salarios mínimos la que se verá afectada con el nuevo ordenamiento.

Según la propuesta de la norma 30 –que regularía la vivienda de interés social en sustitución de la 26– habría dos tipos de casas: tipo A y B. En la primera, el tope de valor es de 491 mil 217 pesos y en la segunda de 736 mil 825 pesos. En el primer caso, la población objetivo del Invi podría acceder, pero en el segundo no.

Para la vivienda tipo B, sólo alcanzaría a cubrir el costo la población con ingresos entre cinco y ocho salarios mínimos, refiere el documento, en el que se precisa que las reglas de operación del Invi dan 30 años de plazo para cubrir el adeudo.

El documento advierte que la aplicación de la norma conllevaría a realizar proyectos con un mayor número de viviendas, que limitarían la iluminación y ventilación naturales, lo que sería sólo a través de la fachada principal.

Además, al optar por un mayor número de niveles a los seis que actualmente están establecidos, implicaría diseñar desarrollos inmobiliarios con instalaciones especiales y de mayor costo para el usuario debido al mantenimiento que requieren.

Existe la posibilidad de que los patios de servicio sean sustituidos por ductos y al hacer torres más grandes están obligados a instalar elevadores, expresó Georgina Sandoval, quien adelantó que harán llegar este análisis a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Legisladores prevén votar en contra de la iniciativa si se presenta en el periodo extra; cuestionan plusvalía y cambio de uso de suelo

Ángel Bolaños Sánchez

Integrantes de las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) admitieron que se requieren cambios normativos que incentiven la construcción de conjuntos habitacionales de interés social e impidan abusos de los desarrolladores inmobiliarios, pero advirtieron que la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) requiere de un análisis profundo al interior del órgano dictaminador, así como de un amplio proceso de consulta que incluya a las delegaciones, órganos de representación vecinal, organizaciones demandantes de inmuebles y a los empresarios.

El diputado de Nueva Alianza, Jorge Gaviño, dijo que está a favor de orientar la redensificación en zonas que permitan aprovechar al máximo la infraestructura urbana, pero se debe tener mucho cuidado en no beneficiar a los desarrolladores, sino a los compradores de vivienda, ya que su encarecimiento generó en los últimos años una clase media hipotecada por muchos años.

Lucila Estela Hernández, del PRD, dijo que si bien la iniciativa tiene detrás al Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sería riesgoso aprobar algo sin el sustento de los ciudadanos.

Consideró que además de la opinión de los sectores, tendría que hacerse una consulta ciudadana y que todos tengamos la certidumbre de lo que va a hacer el gobierno de la ciudad.

La legisladora anticipó que votará en contra si se precipita un dictamen para llevarla a un extraordinario antes de que concluya el mes, ya que hay aspectos que no son sencillos de digerir como la transferencia de plusvalía al gobierno para financiar vivienda de interés social.

En esto coincidió la diputada del PT, Miriam Saldaña Chaires, quien cuestionó además que dicha plusvalía se concentre en un fideicomiso, por tratarse de instrumentos inauditables, y consideró grave también el reciclamiento de suelo de uso industrial por habitacional, que señala el proyecto, ya que al contrario se requiere mantener e incentivar más empleos en las actuales zonas industriales como la de Iztacalco.