i los hombres se embarazaran, las leyes antiaborto jamás habrían sido pensadas. La idea se ha difundido y repetido en varios países del planeta. Pero por lo visto hay que insistir en ella.

En Nuevo León, el Congreso del estado, con los votos del PRI, acompañados por los del PAN, partido al que suele copiar sus iniciativas, como las de las leyes energética y de telecomunicaciones, aprobó una ley opuesta al aborto en cualquier momento.

Machismo y misoginia van de la mano en ese tipo de leyes que se aprueban en sentido contrario de la realidad a la que pretendidamente suponen mejorar. Sus promotores agitan la bandera de los derechos de la mujer y hasta le llegan a conceder cuotas de poder (con la condición, en letra invisible, de que se ajusten a su voluntad y sus patrones de conducta). Pero se desentienden y hasta repudian sus problemas: el embarazo no deseado, uno de los más dramáticos.

Priístas y panistas parecieran no enterarse de lo que ocurre a su alrededor ni de lo que, de pronto, les ocurre a ellos mismos con mujeres con quienes mantienen relaciones maritales o extramaritales. Pero puede suceder. Las relaciones clandestinas implican en ocasiones a menores de edad, parientas, esposas de algún amigo o compadre, y lo menos que querrían los causantes es que resultaran embarazadas. Llegado el caso, si el padre Amaro u otros de carne y hueso de la Iglesia medieval con la que quieren quedar bien los partidos de la derecha para efectos electorales encuentran la manera de hacer abortar a sus amantes, por qué ellos no. En sigilo, por supuesto, y quizá con métodos más seguros. Ir y regresar a cualquier lugar de Texas donde encuentran atención las mujeres que desean abortar –una Women’s Clinic, por ejemplo– les tomará las horas hábiles de un día. Pero también están Saltillo, Toluca, Querétaro, el Distrito Federal y hasta mismo en Monterrey para que por tierra o por aire se pueda hacer lo mismo. Medios sobran. Sin embargo, para la mayoría a la que faltan, el aborto sigue siendo un peligro.

Las leyes antiaborto militan en contra de las mujeres. La cifra de mujeres forzadas a sostener relaciones sexuales para conseguir o mantener un trabajo es creciente debido a la pobreza y el desempleo. Mencionar el caso del ex dirigente priísta en el DF es repugnante, pero válido como referencia. Creciente es también el número de púberes y adolescentes que resultan embarazadas sin desearlo. Lo mismo el de mujeres violadas (incluso tumultuariamente). La trata de blancas se disparó en los años ochenta, y con ella la prostitución: el área metropolitana de Monterrey fue uno de sus primeros puertos. En el paisaje empezaron a pulular anuncios tales como: Se solicitan bailarinas con y sin experiencia. Más mujeres embarazadas; más problemas para ellas.

Los libros que han escrito periodistas del nivel de Lydia Cacho ( Esclavas del poder: un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo) y Sanjuana Martínez ( Las amantes del poder) dicen mucho porque permiten localizar y capturar mediante una narrativa imanada casos a veces dispersos en el mundo del rumor o de los medios. Hablan de una cultura machista que nuestro país comparte con otros donde a la mujer se le ofrecen serenatas, homenajes, preseas; pero que no se embaracen por enamoramiento, necesidad o abuso, y lo que sigue son el maltrato sicológico, el despido del trabajo, el abandono, cuando no las patadas.

Los extremos tal vez no sean la excepción, pero el mandarinismo, el poder político y social oliente a crimen y la impunidad justifican el desprecio y la violencia hacia las mujeres. La violación a veces está bien, a veces está mal… como delito depende de hombres y mujeres y no existe hasta que no hay denuncia. El autor de semejantes frases fue el ministro del Interior (puesto equivalente al secretario general de Gobierno entre nosotros) en el estado de Madhya Pradesh, India. Sin una mentalidad gemela de policías, agentes del Ministerio Público y jueces, crímenes masivos como los cometidos en Chihuahua, por poner el ejemplo más supurante en México, serían incomprensibles.

Los diputados y diputadas locales de Nuevo León no tuvieron que ir lejos por la respuesta. Varios grupos civiles se manifestaron contra la legislación aprobada. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (Cadhac), que dirige la religiosa Consuelo Morales –figura prestigiada en este ámbito– y el Frente por el Derecho a Decidir presentaron, además, una iniciativa de ley en la que proponen la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Estas organizaciones se oponen a la reforma del artículo 1º de la Constitución, reforma promovida por los panistas y que violenta los derechos de las mujeres.

Igualmente, organismos internacionales articulados a la ONU (ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos en México) se han dirigido al Congreso de Nuevo León para manifestarle que de ser aprobada la legislación antiaborto en segunda vuelta se contravendrá los estándares internacionales de derechos humanos.

La imaginación de la que carecen nuestros representantes es desbordante en sus víctimas potenciales. Un grupo de 40 mujeres pidieron registrar sus cuerpos en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León como propiedad privada para garantizar su soberanía.