Desde la perspectiva de tres especialistas en la Constitución, las reformas promovidas por Enrique Peña Nieto en materias laboral, educativa, financiera, fiscal, de telecomunicaciones y energética son todo, menos positivas para los mexicanos.

Afirmaron que lejos de generar empleos, garantizar una educación de calidad, fortalecer la economía, combatir la evasión fiscal, democratizar los medios de comunicación y modernizar el sector energético, todas esas modificaciones van a fortalecer a la oligarquía económica de este país y se implementarán en detrimento de la población.

A esa conclusión llegaron este lunes el diputado federal de Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal Ávila, la economista Ifigenia Martínez y el jurista Jorge Alberto Witker, quienes participaron en el seminario Constitución y reformas estructurales, que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Denunciaron que de todas las reformas constitucionales peñistas, la peor, porque volverá legal un acto de pillaje y permitirá que empresas extranjeras y mexicanas se queden con la renta petrolera, es la energética, que modifica el esquema normativo y reglamentario de Petróleos Mexicanos.

La renta petrolera ya está comprometida, porque las empresas que inviertan en el ramo tendrán derecho a registrar en sus activos la cuota de eventual producción, exploración y explotación de petróleo que obtengan de esos contratos, afirmó Alberto Witker, investigador del IIJ.

Monreal aseguró que las empresas que van a quedarse con la mayoría del pastel de la repartición del petróleo son Chevron, ExxonMobile, Shell, British Petroleum y Petrobras, que ya están aquí, a la espera de la aprobación de las leyes secundarias, como acto de pillaje y con una voracidad impresionante.

Añadió que con la aprobación de la reforma energética, la mayoría de los legisladores que la apoyaron renunciaron prácticamente al principio constitucional conocido como cláusula Calvo, por lo que cualquier controversia que surja por la interpretación de los contratos de utilidad compartida (que permitirán a empresas extranjeras apropiarse de la renta petrolera) no podrá solucionarse en los tribunales mexicanos, se va a dirimir internacionalmente.

Con sus matices, el también académico de la UNAM y senador panista Javier Corral coincidió de forma parcial con sus compañeros ponentes, sobre todo en la crítica a las reformas peñistas en materia de telecomunicaciones y la energética.

El legislador panista dijo que la propuesta de reforma secundaria que presentó Peña Nieto para reglamentar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones demuestra que el poder de las televisoras logró someter al Ejecutivo federal.