l domingo pasado, en la segunda vuelta de la elección celebrada en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo por apretado margen su relección, al derrotar con 50.95 por ciento de los votos al opositor Óscar Iván Zuluaga –delfín del ex presidente derechista Álvaro Uribe Vélez– quien obtuvo 45 por ciento de los sufragios.

La segunda parte del proceso electoral estuvo dominada por un solo tema: el proceso de paz entre el gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tiene lugar en La Habana desde finales de 2012 y en el que si bien se ha avanzado sustancialmente en los temas de reformas sociales, agrarias y políticas, están pendientes los asuntos de la desmovilización de la guerrilla y el estatuto de sus víctimas.

La apuesta de Santos para lograr la paz después de más de medio siglo de violencia política no será fácil, habida cuenta de que Uribe Vélez ha logrado predisponer en contra de la negociación pacificadora a casi la mitad de los que votaron en esta segunda vuelta, recurriendo a una campaña tramposa en la que su protegido Zuluaga lanzó sobre el actual mandatario acusaciones disparatadas pero propagandísticamente efectivas: desde afirmar que Santos se ha convertido en un castrochavista hasta que el proceso de La Habana implica entregar el país a las FARC.

Ese bando político cuenta con fuerte presencia legislativa y hará cuanto esté en su mano por boicotear la negociación, no sólo en términos de campañas publicitarias, sino también obstaculizando la aprobación de las reformas políticas y sociales ya acordadas.

Santos, por su parte, logró relegirse gracias al respaldo de partidos y organizaciones progresistas, los cuales –tras la primera vuelta electoral– acudieron en su auxilio como mal menor para evitar un triunfo del aspirante uribista. Por ello cabe esperar que el mandatario se vea obligado en su segundo periodo a adoptar una actitud más propositiva en los diálogos de La Habana, así como a imprimir a su política económica –de corte neoliberal ortodoxo– un mínimo de sensibilidad social, por más que ello exacerbe la virulencia del bando uribista, que ha apostado desde siempre por la aniquilación militar de la insurgencia y por la aplicación a rajatabla en el país de las recetas del llamado consenso de Washington.

El presidente colombiano se encuentra, pues, ante una clara disyuntiva: si el proceso de paz registra avances significativos y rápidos –para lo cual se requiere la colaboración de las FARC– y si se suaviza la política económica en vigor, será posible desactivar los alegatos del uribismo y, en consecuencia, restarle base social. Si por el contrario, las transformaciones y las negociaciones se empantanan, se configurará un escenario propicio para que ese cacicazgo político se fortalezca y recupere el gobierno en 2018.