El compromiso hecho hace un mes por las autoridades mexicanas de detener a las personas supuestamente involucradas en el asesinato de los activistas de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, sólo es por el momento una promesa que no permite saber si el actual gobierno está dispuesto a garantizar a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia.

Así lo afirmó Satu Hassi, integrante del Parlamento Europeo, quien indicó que si todos los recursos de la justicia mexicana fallan para castigar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, sería factible que el sistema judicial de Finlandia pueda iniciar un proceso en contra de diversos funcionarios, sin descartar al ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz.

De visita en México por sexta ocasión para analizar los avances del caso, la legisladora del Partido Verde –quien fue ministra de Medio Ambiente en su país–indicó que hasta el momento no se ha cumplido la promesa del gobierno para atrapar a los responsables del doble asesinato.

Sólo una persona ha sido detenida hace tres años (Rufino Juárez, líder de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), pero no fue por este delito, así que en realidad ninguna aprehensión ha tenido lugar hasta ahora, señaló.

Para la diputada finlandesa, “no debería pasar más de un par de meses para que se lleven a cabo las detenciones, pero no es mi labor poner un plazo fatal, sino el de las autoridades, igual que detener a todos los sospechosos y proteger a los testigos.

En mi país este tema pudo haberse resuelto hace mucho tiempo, como más de 90 por ciento de los asesinatos que se cometen. Muchas personas que saben más del contexto de México dicen que la única razón es la falta de voluntad política. Yo no le podría dar otra explicación.