Diputados del PRD solicitaron al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ordenar las medidas precautorias o cautelares para evitar la consumación de posibles daños a Nestora Salgado –ex lideresa de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero– y sus familiares.

En oficios entregados ayer, los legisladores refirieron que el 2 de junio pasado, horas después que ellos que se entrevistaron con Nestora Salgado en el penal de máxima seguridad de Tepic, su hija Saira Rodríguez Salgado participaría en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, a la que no pudo llegar.

Recordaron que ese día el autobús de pasajeros en el que viajaba de Olinalá a la ciudad de México, fue detenido por hombres armados, quienes bajaron por la fuerza a una mujer cuyas características físicas y vestimenta eran similares a las de la propia Saira, quien reportó haber escuchado detonaciones de armas de fuego.

En el documento enviado a Osorio Chong y a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón Rojas, señalaron que Rodríguez Salgado sostiene que, por su movilización en favor de la liberación de su madre, como cabeza de la policía comunitaria, diversos grupos de interés y del crimen organizado buscan agredirla para que no prospere su intención de que Nestora salga de prisión.

Nestora Salgado, ex coordinadora de policías comunitariasFoto Notimex

Por ello, solicitaron a ambos funcionarios girar instrucciones al titular de la Unidad de Derechos Humanos, en su calidad de secretario ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que consideren las circunstancias que atraviesan Nestora Salgado y sus familiares, para que tengan acceso a las medidas que permitan prevenir y protegerlos de posibles agresiones.

Las solicitudes, firmadas por los diputados Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Vicario Portillo y Elena Tapia Fonllem, resaltan que Nestora Salgado fue detenida sin orden de aprehensión, que se ha violado su derecho al debido proceso y que durante 10 meses le han impedido hablar con un abogado, además de permanecer, en la práctica, incomunicada.