éxico no es una república parlamentaria, aunque al menos dos veces se ha propuesto ese modelo (los liberales radicales, en 1861, y la Convención Revolucionaria, en 1915), como la forma de hacer del nuestro un país democrático. En México, el Ejecutivo es el más fuerte de los tres poderes y se deposita en un solo individuo, por tanto, formalmente no existen gobiernos de coalición.

Sin embargo, desde 1988 nos gobierna una coalición de facto: la alianza PRI-PAN. Y en diciembre de 2012, la dirección formal del PRD se incorporó a esa coalición mediante el Pacto por México. Esa alianza aprobó con inusual rapidez y sin guardar las más elementales formas, las reformas estratégicas que interesaban al grupo gobernante. La cúpula perredista se justifica arguyendo que no son la izquierda irresponsable que a todo dice que no y que lo aprobado forma parte de su programa.

Comparemos, pues, las reformas por ellos aprobadas con su plataforma electoral registrada ante el IFE para las elecciones de 2012. En las propuestas 295 a 307 de dicho documento dicen: cambiaremos la actual política económica. Luego: Realizar una profunda y verdadera reforma hacendaria, basada en los principios de equidad y progresividad (el infinitivo es de ellos). La cúpula perredista asegura que la reforma fiscal va en ese sentido. En realidad, lo que aprobaron PRI y PRD conserva los privilegios de los poseedores de las grandes fortunas y carga la mano a las clases medias. Es, por tanto, contraria a la letra y al espíritu de la plataforma electoral del PRD y a cualquier posición de izquierda, como señalamos con mayor amplitud en El presente del pasado . Ya están a la vista los resultados en forma de índices de ¿crecimiento?

¿Y la “reforma educativa? Los perredistas asentaron (capítulo sexto de su plataforma): tenemos que satisfacer la legítima demanda de la población: educación para todos y de alto nivel. Esto se desprendía de un diagnóstico que coincide con el de los expertos en el tema, que ven cuatro gravísimos problemas de la educación en México: la inequidad, el analfabetismo, el rezago y la mala calidad de la educación pública, directamente relacionado con la inequidad. Ahora bien, como la aprobada por los perredistas es una reforma laboral disfrazada de educativa, es necesario revisar lo que el PRD propuso en esa materia. La propuesta 327 de su plataforma dice: Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores. En la 329 se asienta que la política laboral se sustentaría en una legislación que proteja a todas y todos los trabajadores. La 335 habla de reforzar la estabilidad en el empleo.

Como hemos explicado (El presente del pasado ), las reformas a los artículos tercero y 73 constitucionales publicadas el 26 de febrero de 2013, hablan de uno solo de los grandes problemas de la educación nacional: el de la calidad. pero la principal organización magisterial independiente del gobierno, así como numerosos especialistas, niegan que la reforma atienda dicho problema. Para estos críticos, cuyas voces fueron desestimadas por los partidos firmantes del Pacto por México, la ley del servicio profesional docente pretende crear un modelo de control sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral. Sin prescindir de los liderazgos corruptos y antidemocráticos.

Además, la reforma hace retroceder más de 50 años los derechos laborales. A partir de ahora, según el transitorio segundo de la ley, los maestros deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Violentando el artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre con los derechos adquiridos. Las relaciones de trabajo del magisterio –se dice en el texto– se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Qué dispone?: la derogación de los derechos que se le oponen. Se busca desprofesionalizar al magisterio, vigilarlo, controlarlo, amenazarlo. Se hace de la amenaza, el miedo al despido y la degradación laboral, la ruta para alcanzar la calidad educativa.

Podemos aceptar sin conceder que la llamada reforma educativa no es contraria a las propuestas 213 a 240 de la plataforma del PRD, aunque no atiende los problemas ahí señalados. Pero, sin duda, contradice la letra y el espíritu de las propuestas en materia laboral, muy particularmente, las 327, 329 y 335.

También podríamos analizar las reformas política y de telecomunicaciones, o las acciones de gobierno de Graco Ramírez o Miguel Mancera. Todos los datos, todos los hechos apuntan a lo que niega la retórica bien aceitada de la cúpula perredista: el PRD ha traicionado sus propios postulados y su tradición política, para convertirse en aliado de un gobierno irresponsable y entreguista.

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