Este sábado entra en vigor el decreto por el que se reforma el Código de Justicia Militar, el Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Normas Mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Destaca la obligación de los policías militares de informar de la dimensión de los delitos y presuntos responsables al agente del Ministerio Público.

La normatividad señala que la inocencia de todo imputado se presumirá mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme. Se detallan los niveles de sanción, encarcelamiento o libertad mediante caución. Por ejemplo, indica que no se ejecutará la privación de la libertad si el sentenciado tiene estado de enajenación mental.

Los funcionarios del servicio de justicia tendrán facultades para imponer amonestaciones y arresto al personal de las fuerzas armadas, así como correcciones disciplinarias a los subalternos por faltas que cometan en el desempeño de sus cargos.

En los textos reformados se detallan las funciones de la Policía Ministerial Militar, la cual actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, y tendrá la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público Militar cuando reciba la noticia de un hecho que pueda constituir una conducta delictiva.

En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que aún persiste el desafío de llevar a la práctica esta modificación legal, que limita el alcance de la jurisdicción castrense y establece que los delitos y las violaciones a derechos humanos cometidos por uniformados contra civiles son competencia de la jurisdicción civil.

En un comunicado, el organismo saludó la reforma y consideró que es la culminación de un largo proceso participativo cuya ruta fue determinada por los pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos, así como por mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, indicó que el reto ahora es aplicar de manera efectiva este cambio y plantearse vías para alcanzar un marco superior de garantías que permitan a los tribunales civiles conocer las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los militares por otros elementos de las propias fuerzas armadas.