on motivo de la 103 Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizada en Ginebra, Suiza, que concluyó esta semana, el secretario del Trabajo y Previsión Social , Alfonso Navarrete Prida ( Reforma, 9/6/14, Negocios p. 9), expresó la intención del gobierno mexicano de recomponer la imagen de la política laboral del país en el exterior. Es justificada la preocupación, pues las prácticas laborales existentes han generado una creciente condena fuera de nuestras fronteras, en virtud de que contradicen los principios básicos que promueve la comunidad internacional. No es posible a estas alturas tapar el sol con un dedo.
En los últimos años, especialmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se generó un flujo de información y visitas de representantes gremiales de diversas partes del mundo al país, particularmente de Estados Unidos y Canadá, lo que permitió que se conociera una realidad que había venido siendo encubierta mediante una política deliberada en la que participaba el gobierno, el sector empresarial y las centrales corporativas, especialmente la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Hacia fuera se ostentaba una cara democrática, hacia dentro se daba cauce a un sistema de control, corrupción y simulación.
Todo indica que la única manera de cambiar la imagen laboral de México al interior y exterior del país, sería modificar la realidad por lo menos en tres sentidos.
El primero consiste en atender un tema que da origen a buena parte de los vicios existentes: crear las condiciones para que los trabajadores puedan decidir libremente cuál es el sindicato que los represente en la contratación colectiva, esto es, que cuando un gremio pretenda la firma de un contrato colectivo con o sin emplazamiento de huelga, los trabajadores sean consultados para conocer si están conformes con dicho gremio, prefieren otro, o simplemente no desean afiliarse a ninguno. Esta consulta es elemental y existe en todo el mundo; sin embargo, en México los trabajadores son ignorados y es el patrón quien escoge al sindicato de su preferencia como una imposición que pervierte todo el proceso laboral; aquí nacen los llamados contratos de protección patronal que han provocado que las centrales obreras no consideren la opinión de sus supuestos representados y sus líderes se dediquen a congratularse con los empresarios para ser seleccionados al momento de la firma de los contratos colectivos.
El cambio que se intentó en la última reforma laboral mediante el conocido artículo 388 bis, que fue aprobado por la mayoría del Senado y estuvo a punto de aprobarse por los diputados, daría legitimidad a los procesos de representación, crearía opciones democráticas en los gremios y favorecería al sector del empresariado que es víctima del chantaje y la violencia que ejerce gran número de membretes sindicales para obligarlos a firmar contratos colectivos y a cubrir cuotas de protección periódicas al estilo de la delincuencia organizada.
Una segunda propuesta es someter a revisión el sistema de justicia laboral que se ejerce mediante las juntas de Conciliación y Arbitraje. Todos sabemos que cuando se trata de temas colectivos y relevantes, estas juntas se limitan a cumplir la decisión del gobernador o Ejecutivo federal en turno; no son árbitros que cuenten con el atributo esencial de imparcialidad. La forma tripartita de justicia es una ficción, ya que prevalece la voluntad del tercer voto, el del gobierno, que se ejerce a través del presidente de la junta, quien es el encargado de ejecutar las órdenes de su superior jerárquico. Por esta razón, ya no existen este tipo de instituciones en el mundo, sino jueces o tribunales autónomos encargados de aplicar la ley. La ausencia de un sistema de justicia confiable, inhibe cualquier posibilidad de cambio.
Una tercera propuesta está relacionada con la necesidad de que el gobierno asuma una actitud distinta frente a las quejas ante la OIT, que cancele su política de engaño a los órganos de aplicación de las normas internacionales vigentes. No se les puede mentir con argumentos falaces, como la violación no existe porque esa conducta no está autorizada en la ley
o presumir un diálogo social inexistente. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso 2694, presentado por la IndustriALL Global Unión, quien representa a 50 millones de trabajadores y 700 sindicatos de 140 países, quien junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI), ha reclamado al gobierno mexicano abrir un diálogo en relación con las persistentes violaciones a los derechos fundamentales en México
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Un tema adicional se relaciona con los conflictos concretos en los que se exhibe la complicidad del gobierno con los grandes empresarios para ahogar a organizaciones que luchan por sus derechos; tal es el caso del Sindicato Nacional Minero que ha sido víctima de un acoso constante por algunos grupos empresariales de este sector, contando con el apoyo de diversos funcionarios gubernamentales; ambos pretenden doblegar la voluntad de los trabajadores mineros e imponer representaciones dóciles, sometidas a su capricho.
La violación de los derechos laborales es una constante en todo el país: en Chihuahua, los trabajadores de Conalep se quejan del despido del comité ejecutivo de un sindicato que obtuvo su registro tras una larga jornada que incluyó cuatro amparos ante las instancias federales; en Tabasco, los representantes locales del Sindicato del Instituto Nacional de Educación de Adultos fueron desconocidos y despedidos por la actitud caprichosa de la titular en esa entidad; en Colima no ha habido intención política alguna para atender dos peticiones elementales en el entorno de una larga huelga de hambre; transparencia en los fondos pensionarios y respeto a la autonomía del gremio universitario para decidir sobre su representación legítima.
El gobierno mexicano debe incluir en su agenda prioritaria la necesidad de promover cambios para tener derecho a ser parte de una comunidad internacional que exige el respeto a los derechos humanos en el mundo del trabajo.
