l Congreso de los Diputados de España aprobó ayer, con 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones, la ley que permite la abdicación de Juan Carlos de Borbón y que abre la puerta, desde el punto de vista legal, para el arribo de su hijo, Felipe de Borbón, a la jefatura del Estado. La luz verde legislativa al proceso sucesorio de la monarquía española contó con el respaldo de las dos principales bancadas: la del gobernante Partido Popular y la del Partido Socialista Obrero Español; la oposición, por su parte, corrió a cuenta de un puñado de legisladores nacionalistas y de izquierda.

La abultada votación legislativa en favor de la referida ley –cercana a 90 por ciento– contrasta con el resultado de un sondeo recientemente publicado por el diario El País de Madrid según el cual 62 por ciento de los españoles no esperaba un refrendo en automático de la monarquía, sino un referéndum sobre su eventual continuidad.

Con independencia de si el sentir mayoritario de la población española es o no favorable a su actual forma de gobierno, semejante disparidad entre el sentir de la sociedad y el de los diputados permite ponderar la crisis de representatividad por la que atraviesa desde hace años la institucionalidad española en su conjunto.

Hasta ahora, los partidarios del establishment en España han insistido en que la discusión sobre el modelo político es superficial e improcedente y que en todo caso, las instituciones hispanas se deben decidir por la democracia. Pero lo cierto es que no hay nada democrático en decisiones como la comentada, tomadas a contrapelo del sentir social mayoritario y revestidas de legitimidad mediante ejercicios de simulación y argumentos legalistas.

Es inevitable comparar las condiciones que prevalecieron en la votación de ayer en el Congreso de los Diputados con los procesos legislativos de regímenes presentados por Occidente como antítesis de la democracia. Baste citar, como botones de muestra, al gobierno de Saddam Hussein en Irak, o el de Bashar Assad, en Siria, cuyas relecciones también han contado con respaldos cercanos a 90 por ciento.

En suma, uno de los efectos no previstos de la intempestiva dimisión de Juan Carlos de Borbón es que la supuesta madurez institucional y democrática de España, tan pregonada por los gobernantes de Madrid y por los partidarios de la corona, se revela en el momento presente, y a la luz de decisiones legislativas como la comentada, como una más de las simulaciones emprendidas por grupos políticos de ese país tras el fin de la dictadura franquista.

Los senadores de la nación europea, quienes habrán de ratificar o desechar la controvertida Ley de Abdicación, debieran tomar conciencia de lo que está en juego con su decisión: no sólo profundizar el retroceso democrático por el que atraviesa España, sino consolidar a la corona como un factor ya no de consenso y armonía, sino de tensión e inconformidad.