La operación y el cierre de una fábrica de pinturas de la empresa Basf Mexicana en la ex hacienda El Hospital, en Cuautla, Morelos, dejó una estela de contaminación por la que no hubo sanción alguna, debido a que autoridades judiciales cancelaron las multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y cuando hubo denuncias penales no prosperaron.

Estos son algunos de los señalamientos que presenta el expediente de hechos elaborado por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (Ccaan), luego de que ciudadanos afectados por la contaminación con plomo y otras sustancias peligrosas presentaron dos quejas ante este organismo porque el gobierno mexicano no aplicó la legislación en la materia.

El consejo del organismo, integrado por los secretarios de medio ambiente de México, Estados Unidos y Canadá, determinó divulgar el expediente tras ocho años de que se presentaron las primeras quejas y una vez que se concluyó el documento, el año pasado.

Cuando cerró vendió o donó envases con materiales tóxicos

De acuerdo con las denuncias hechas ante la Ccaan, la empresa Basf –de origen alemán– dispuso ilegalmente de residuos peligrosos en la ex hacienda y en un predio contiguo, y en el proceso de desmantelamiento de la fábrica vendió o donó envases, charolas y materiales que contenían tóxicos, además del cascajo contaminado que se extrajo del predio y que los habitantes de la localidad utilizaron para nivelar sus terrenos, y hasta una primaria.

El documento indica que inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) documentaron la existencia de pigmentos en materiales enterrados en la instalación y en la finca adyacente. En la mayoría de los casos no se realizó el muestreo para determinar las características de peligrosidad de dichos pigmentos, pues el programa de restauración consideraba su retiro y disposición final, y cuando se decidió llevarlo a cabo Basf Mexicana se opuso.

Señala que en varias ocasiones las actividades de restauración ambiental fueron interrumpidas por el dueño del predio, Roberto Abe –también uno de los que presentó la solicitud de investigación al organismo trinacional–, y en mayo de 2005 el ayuntamiento de Cuautla las canceló. Como resultado, ninguna autoridad ambiental supervisó las tareas de disposición final de 3 mil 603 sacos de polipropileno, con capacidad de 50 kilogramos cada uno, con materiales de desecho del lugar.

Explica que la Profepa impuso sanciones económicas por un millón 872 mil pesos, alrededor de 176 mil dólares estadunidenses, pero fueron anuladas por las autoridades jurisdiccionales de México.

Refiere que el 26 de agosto de 1999 se suspendió una de las investigaciones penales iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR), y cuando el 31 de enero de 2008 se retomaron, la dependencia determinó que el periodo para ejercer la acción penal había prescrito el 12 de octubre de 2002. Aunque la PGR sostuvo que Basf Mexicana llevó a cabo actividades nocivas para el medio ambiente y la salud pública, la prescripción hizo inviable cualquier acusación de carácter penal.

En las respuestas que el gobierno mexicano envió al secretariado de la Ccaan –por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales– para explicar la falta de aplicación de la ley ambiental, argumentó que era improcedente que el organismo aceptara las peticiones, ya que los quejosos no acudieron a los recursos disponibles conforme a la legislación mexicana.

Además, sobre la contaminación de suelo dentro y fuera de la ex hacienda, México afirma el cumplimiento efectivo de la legislación, en virtud de que la Profepa dio por concluidos los trabajos de restauración ambiental en la instalación.