A tres años de que fue aprobada la reforma constitucional en materia de derechos humanos (10 de junio de 2011), el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) señaló que aún hay retos para los tres niveles de gobierno para una debida implementación y vigencia de esas modificaciones a la Carta Magna.

Esta reforma, destacó el Centro Prodh en un pronunciamiento, ‘‘trasformó el sistema de protección de derechos humanos y representó el cambio constitucional más importante en décadas para la protección de los derechos fundamentales’’, pero ‘‘vemos con preocupación la resistencia sistemática de Poder Judicial a juzgar con una perspectiva que incorpore los más altos estándares de derechos humanos’’.

La organización civil indicó que aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que las normas de derechos humanos de los tratados internacionales y las de fuente constitucional conforman una red de derechos que están al mismo nivel sin relación de jerarquía, dicho criterio ‘‘no ha permeado a una gran mayoría de los operadores judiciales y, lejos de ello, se niegan a implementar la reforma en sus competencias y jurisdicciones’’.

Ejemplo de ello es el caso de Claudia Medina Tamariz, quien fue detenida de manera ilegal y torturada por elementos de la Marina en agosto de 2012, y posteriormente privada de su libertad acusada sin pruebas de delitos ligados al crimen organizado, asunto que es acompañado por el Prodh y Amnistía Internacional (AI).

‘‘El Poder Judicial de la Federación fue renuente a atender sus obligaciones en torno a la tortura. Ello a pesar de que es evidente su vinculación con la única prueba originada en este marco de ilicitud y de violaciones a sus derechos humanos’’, además de que se resistió a aplicar disposiciones de la ley de amparo a fin de proteger efectivamente la integridad y libertad de la víctima y tampoco aplicó el parámetro de control constitucional y convencional respecto del Código Penal Federal y el de Procedimientos Penales.

En el caso del Poder Legislativo, agregó el Centro Prodh, resulta preocupante que intente ‘‘acotar y desnaturalizar el alcance de la reforma constitucional en materia de derechos humanos’’.