San Luis Potosí, 7 de junio.

El abogado de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Armando Martínez Gómez, quien lleva el caso del sacerdote acusado de pederastia, Eduardo Córdova Bautista, suspendido definitivamente por el Vaticano, ha defendido a otros sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores, como el salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, a quien incluso logró que se le liberara a pesar de estar condenado a 33 años de prisión por la violación y asesinato de una menor.

Con base en el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este caso, al que ha tenido acceso La Jornada, la operación de la jerarquía católica potosina buscó siempre liberar al sacerdote Contreras Rodríguez, actuación coherente con la negativa de la institución a proporcionar información al Ministerio Público para localizar al sacerdote Córdova Bautista, investigado por el abuso sexual de más de 20 menores.

En aquella ocasión el sacerdote Contreras Rodríguez fue condenado a 33 años de prisión por la juez sexta del penal, Juana María Castillo, por violar y asesinar de manera brutal a Itzachel Shantal González López, de 16 años, alumna del Instituto Salesiano Carlos Gómez, lugar donde fue encontrado su cadáver el 20 de octubre de 2007.

El sacerdote defendido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí pasó sólo cuatro años en prisión, ya que el abogado Martínez Gómez, interpuso un recurso solicitando un amparo directo bajo el expediente 78/2012 para impugnar la sentencia definitiva y la eliminación de la sanción pecuniaria por el monto de 26 mil 180 pesos y 138 mil 992 pesos por concepto de reparación del daño.

Fueron el ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y su secretario Javier Mijangos y González, los que finalmente liberaron al sacerdote acusado de violación y asesinato el 21 de agosto del año pasado. Ambos también determinaron la libertad de la francesa Florence Cassez.

Sin embargo, el ministro José Ramón Cossío Díaz, emitió un voto particular en contra por considerar errónea la decisión de la SCJN: No comparto la decisión de la mayoría, porque me parece que no se cumple con los parámetros determinados por esta primera sala para verificar con exhaustividad la legalidad de la sentencia penal que se reclama y, además, considero que no se realizó un estudio completo de todas las pruebas.

Crimen sin castigo

Itzachel Shantal era alumna de bachillerato del Instituto Salesiano y el día de su asesinato acudió al plantel para entrenar con el grupo de porristas al que pertenecía. No volvió a su casa.

La menor fue reportada extraviada por su familia y dos días después fue encontrada en el aula audiovisual del colegio que estaba en remodelación. Algunos albañiles y personal de intendencia encontraron el cuerpo de Itzachel Shantal oculto bajo una colchoneta cubierta de escombros. Los reportes forenses señalan que estaba sin vida desde hacía 42 horas. La autopsia determinó que fue violada y estrangulada.

La investigación del homicidio duró dos años y el sacerdote José Carlos Contreras Rodríguez, director de la primaria, fue detenido en 2009, ya que era el único que se encontraba en el edificio donde ocurrió el asesinato.

Durante la investigación el sacerdote contó con el apoyo no solo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, sino también de la Procuraduría General de Justicia del Estado, según denunció el investigador policial Julio Ceballos, quien acusó de encubrimiento al ex gobernador Marcelo de los Santos, al entonces director general de Seguridad Pública Municipal, Luis Gerardo Olvera, quien supuestamente maquilló la escena del crimen para retirar la evidencia; al entonces procurador del estado, Martín Camberos Hernández, y al ex director de averiguaciones previas, Héctor Vega Robles.

En cuanto el sacerdote fue detenido, la Arquidiócesis de San Luis Potosí y la orden Salesiana organizaron manifestaciones y actos públicos de apoyo, exigiendo su liberación, ya que consideraron que el proceso en su contra era sólo inventos con galimatías jurídicas.

Durante cuatro años de reclusión, el sacerdote Contreras Rodríguez recibió el apoyo permanente de la arquidiócesis y del abogado Martínez Gómez, quien inició una estrategia jurídica con el propósito de lograr su liberación.

El expediente judicial incluye más de 600 declaraciones recopiladas entre familiares, amigos, padres de familia y maestros del colegio y de la comunidad salesiana, pero el proceso de investigación no avanzaba y fue hasta la entrada de un nuevo gobierno cuando las cosas cambiaron, particularmente porque el abogado del Instituto Salesiano, Cándido Ochoa Rojas, se convirtió en procurador y dio a conocer que desde hacía meses tenían una orden de aprehensión contra el sacerdote Contreras Rodríguez, quien fue detenido, sometido a proceso y sentenciado.

Sin parámetro de exigencia

La defensa del abogado Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México y del Consejo de Analistas Católicos de México, al lado de Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida, y Paola Villela, de la organización Yo Influyo, cuya labor en la promoción de la defensa de la jerarquía católica fue definitiva para la liberación del sacerdote salesiano.

La primera sala de la SCJN determinó finalmente que las pruebas que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado se basaron en indicios fuera de lógica y carentes de sentido común, y mantuvieron en prisión durante cuatro años al sacerdote en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila.

Sin embargo, el ministro José R. Cossío Díaz argumenta en su voto particular que el amparo concedido al acusado no cumplió con el referido parámetro de exigencia que la primera sala ha impuesto para la resolución de un juicio de amparo directo en materia penal.

El estudio de la legalidad es incompleto. Lo anterior porque en la sentencia no se reflejó la revisión integral y total de las pruebas incorporadas a la causa penal, dice el texto del voto particular al que ha tenido acceso La Jornada.

Y añade: En la sentencia, se realizó una narrativa parcial y segmentada de un conjunto de pruebas; sin embargo, no se narraron todos los elementos probatorios (mas de 50 elementos) que tuvo en cuenta la autoridad responsable para dictar la sentencia definitiva reclamada.

El ministro Cossío Díaz señala en su voto particular que para cumplir los requisitos de la legalidad indispensables en un juicio de amparo directo, en el que se advierte una violación a las reglas para valorar las pruebas, el tribunal de amparo debió analizar cada una de estas pruebas de forma individual e integra.

Me parece que en la sentencia de amparo no existe un análisis exhaustivo de los medios de prueba, pues de los 296 medios de prueba que se transcriben en la sentencia reclamada, sólo se confrontan alguno de ellos.

No es el único caso donde la jerarquía católica mexicana decide defender a sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores. El abogado Martínez Gómez también ha defendido al cura pederasta Nicolás Aguilar, por el cual se denunció al cardenal Norberto Rivera Carrera por conspiración a la pederastia ante la Corte Superior de California.

También defendió al sacerdote marista Carlos González González, acusado por cuatro niñas de la primaria del Instituto Potosino de abusos sexuales, y al sacerdote Noé Trujillo, adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, detenido por elementos de la Policía Ministerial por la denuncia de la madre de una adolescente de 14 años, a quien con engaños llevó a un despoblado y la violó.