contrapelo del optimismo que puede apreciarse en el discurso oficial, los fenómenos relacionados con el auge delictivo, la inseguridad y la violencia no han variado en el país de manera significativa entre el sexenio anterior y lo que va del actual: ayer, en el municipio de Zumpango, Guerrero, elementos de las policías Federal y local hallaron varias fosas clandestinas con unos 10 cadáveres, luego de una llamada anónima que alertó a las autoridades.

El panorama no parece ser mejor en las entidades en que recientemente se han implementado aparatosas estrategias oficiales con el supuesto fin de abatir los niveles de violencia: en Michoacán, pese a que el gobierno ha establecido alianzas de facto con un sector de los grupos de autodefensa de la Tierra Caliente y ha asestado algunos golpes a los grupos delictivos, no ha podido detener el deterioro político y social en la entidad, en donde fueron desplazadas más de 2 mil familias y en donde los escenarios de confrontación armada siguen presentándose con regularidad, con el agravante de una visible y peligrosa división entre distintos grupos de civiles armados. En Tamaulipas, el más reciente laboratorio de las estrategias gubernamentales en materia de seguridad, las persecuciones y enfrentamientos, los narcobloqueos, las ejecuciones y los levantones son parte del panorama cotidiano.

La inseguridad y la violencia en el país son producto de una cadena de omisiones e irresponsabilidades atribuibles a las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales, desde el sexenio antepasado y en el primer tramo del presente, han faltado a sus tareas y obligaciones fundamentales de garantizar la vida, la integridad física, el patrimonio y el libre tránsito de la población; han permitido la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles y han abandonado a su suerte a la población ante el embate de esos grupos.

Es precisamente ese abandono por parte de las fuerzas públicas, e incluso la connivencia entre éstas y los cárteles lo que dio pie a la toma del control de vastas regiones por parte de la delincuencia organizada en Michoacán y Tamaulipas, así como al fenómeno de los grupos de autodefensa, lo que ha implicado una conversión de los ciudadanos en grupos armados irregulares que buscan recuperar la seguridad pública por mano propia.

Por desgracia, lo que ocurre en el país no es un asunto aislado ni regional, sino parte de la descomposición institucional y social de gran calado que no podrá ser resarcida con políticas como las actuales, que se distinguen por su carácter meramente reactivo y superficial. Se requiere, en cambio, la adopción de medidas igualmente integrales y transversales en los órdenes social, económico, educativo, administrativo, de salud pública y, desde luego, policial.