l titular de la Fiscalía General de Alemania, Harald Range, informó ayer que abrirá una investigación en torno al espionaje telefónico que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo entre 2002 y 2013 en contra de la canciller Angela Merkel, según información difundida por el semanario Der Spiegel el año pasado. A decir del funcionario, hay indicios comprobables suficientes de que agentes desconocidos de los servicios de inteligencia interfirieron el teléfono celular de la dirigente, y enfatizó que nuestro código penal tipifica estas prácticas como delito, tanto si incurre en ellas un ciudadano como una organización o un servicio secreto no legitimado.

De esa forma, las autoridades alemanas inauguran un nuevo capítulo en el episodio abierto hace siete meses con la difusión del espionaje mencionado; ese periodo estuvo marcado por el desgaste de las relaciones entre Washington y Berlín y por las críticas de la sociedad alemana a la pasividad gubernamental ante hechos que constituyen una vulneración masiva a la privacidad individual y la seguridad nacional.

A más de un año de que se dieron a conocer las primeras filtraciones realizadas por Edward Snowden sobre los programas de espionaje masivo de Estados Unidos, continúan saliendo a flote datos sobre el alcance y las implicaciones negativas de esa práctica delictiva que ha afectado a gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo, incluidos, por supuesto, los propios estadunidenses.

En el caso de Alemania, el conocimiento público de esa vulneración a la legalidad ha puesto al gobierno de Berlín en una disyuntiva indeseable: circunscribir la pesquisa señalada a una lógica de mero control de daños y simulación –lo cual socavaría sin duda la institucionalidad alemana y la confianza de su población en la procuración de justicia– o actuar conforme a la ley y emprender un proceso legal serio, con el riesgo de desencadenar una nueva crisis diplomática con Estados Unidos.

Por difícil que resulte, es necesario que el gobierno de Berlín enfrente esta disyuntiva y que lo haga por la vía de la legalidad, la transparencia y el decoro institucional. Sería intolerable que un gobierno que se presenta como referente internacional de la legalidad omita el esclarecimiento y castigo de una actividad ilegal que atenta no sólo contra la necesaria confidencialidad de las comunicaciones de la clase gobernante, sino también contra la privacidad de millones de personas y contra la seguridad del país.

Cabe recordar, por último, que Alemania no es la única nación que enfrenta una disyuntiva como la comentada; en un dilema similar se encuentra un largo listado de gobiernos, el de México incluido. Hasta ahora, la autoridad nacional ha mostrado una obsecuencia inexplicable ante las pruebas de que la NSA realizó una vigilancia ilegal e injerencista en las más altas esferas institucionales, empezando por la Presidencia de la República. Tal postura es insostenible porque el espionaje, al igual que ocurre en Alemania, es un delito tipificado que debe ser perseguido y sancionado, y porque esa actividad ha proveído a Washington de numerosas ventajas ilegítimas en el contexto de una relación bilateral de por sí marcada por las asimetrías y el injerencismo en asuntos internos que sólo competen a los mexicanos.