En América Latina existen alrededor de 200 conflictos sociales ocasionados por la industria minera, 90 por ciento están relacionados con empresas de origen canadiense. Estas compañías son las predominantes entre la industria minera mundial debido a diversas leyes, a las normas fiscales y al apoyo que reciben en el extranjero desde el gobierno de Canadá.

Esto señalan los organizadores de la sesión sobre la industria minera canadiense del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizará en Montreal, Canadá, a partir del próximo 29 de mayo. Advierten que 75 por ciento de las mineras del mundo son canadienses y sus actividades afectan numerosos derechos reconocidos por el derecho internacional.

Los gobiernos, agregan, han apoyado mucho este modelo extractivista y le dan ventajas casi vergonzosas, pues las empresas sacan la riqueza de los países con pagos mínimos de derechos y lo que queda a los pueblos es la destrucción ambiental, señala en entrevista telefónica Gerardo Aiquel, coordinador de esta sesión del TPP en Canadá.

Además, suman la política exterior de ese país a estas empresas. En México la embajadora fue al Congreso el año pasado a decir que se iban a retirar del país si se aplicaba a las mineras la obligación del pago de derechos, recuerda.

No obstante, en Canadá, las mineras tampoco hacen las cosas muy distintas de lo que realizan en otras naciones, explica. Un caso, ejemplifica, es el del poblado Malartic, en el norte de Montreal, donde la minera Osisko invadió el pueblo antes de obtener los permisos ambientales. Las empresas tienen facilidades para hacer la explotación minera sin respeto por la población, señala Aiquel.

En un documento en el que se exponen las acusaciones a la minería canadiense se advierte que esta actividad es un riesgo y una amenaza a la calidad del medio ambiente, a la vida social y económica de las colectividades, a la sobrevivencia de las culturas, a la salud de las personas y, muchas veces, a su integridad física.

Destaca que en ciertos casos, las violaciones son directamente imputables a las empresas, como al instaurar condiciones de trabajo que contravienen normas fundamentales, provocan expulsiones forzadas o utilizan elementos de seguridad para amenazar o reprimir la protesta social. Pero hay casos, agrega, en que las amenazas se hacen en complicidad con los gobiernos de los países donde se instalan, y también hay situaciones en las que son apoyadas por Canadá, de donde son originarias.

Los proyectos mineros afectan las poblaciones que viven en condiciones precarias, en regiones alejadas. Se sitúan frecuentemente en el corazón o en proximidad de los territorios indígenas, afectan los modos de vida y derechos de esos pueblos. En varios países de América Latina se han identificado amenazas graves a los derechos, a la integridad cultural, a la autodeterminación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, señala.

Entre los factores que favorecen la falta de justicia y la impunidad ante la expansión de esta industria están la asimetría de las relaciones de fuerza entre las comunidades, las empresas transnacionales y los estados. También se incluyen la represión, la criminalización de quienes defienden sus derechos y la protección de las inversiones en los tratados de libre comercio.

A las empresas se les acusa de la violación al derecho a la vida y a un ambiente sano; el derecho al agua; a la autodeterminación y al derecho a una ciudadanía plena. Mientras, al gobierno de Canadá se le acusa, entre otras cosas, de ejercer una influencia política indebida a través de la red diplomática para facilitar el despliegue de la industria minera en otras naciones.

El TPP es una instancia de opinión que se apoya sobre la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos y en todos los instrumentos de derecho internacional. En esta sesión participarán alrededor de 50 agrupaciones de Canadá y América Latina, convocadas por la Coalición quebequense sobre los impactos socioambientales de las trasnacionales en América Latina y de Justicia Transnacionales Extractivas.