La cifra de 8 mil víctimas de desa parición en México, divulgada el jueves pasado por la Secretaría de Gobernación, no toma en cuenta que muchas personas no denuncian este crimen por falta de confianza en las autoridades, ni explica la metodología usada para llegar a este nuevo número, después de supuestamente haber depurado la lista de 26 mil dada a conocer a principios del sexenio, señalaron activistas especializados en el tema.

Jorge Verástegui, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, consideró que el asunto de las cifras debe tomarse con cuidado, ya que puede utilizarse para restar importancia al fenómeno, y además no considera el hecho de que sólo dos de cada 10 víctimas de un delito se animan a denunciarlo.

Tendríamos que revisar de forma muy detallada las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong (titular de la Secretaría de Gobernación), porque son un poco confusas. Dice que han localizado a más de 14 mil personas con vida, pero no especifica cuántas de ellas eran víctimas de desaparición forzada, si estaban extraviadas, secuestradas o si se habían ido de su casa por voluntad propia, indicó.

Se trata de un manejo perverso de las cifras, donde mezclan de todo, inflan los números y dicen que hay una depuración, pero siguen sin dejar en claro muchas cosas. La actual administración deja fuera de la agenda el tema de la seguridad y las víctimas para evadir su responsabilidad.

Roberto Villanueva, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, coincidió en que es importante saber la metodología utilizada por el gobierno federal para llegar a la nueva cifra de 8 mil desaparecidos, pues las autoridades pueden dar un uso político a los números.

No es creíble el dato de que sólo hay 8 mil desaparecidos. Basta con observar los registros de varias organizaciones de la sociedad civil para darse cuenta de que el número es mucho mayor, pero se trata en gran medida del juego de cómo considerar a las víctimas: si desaparecidas o extraviadas, subrayó.

Un elemento que hace dudar de las afirmaciones de Gobernación, aseveró, es que muchas personas no se acercan a denunciar que ellos o sus familiares han sido víctimas de un delito. En Veracruz y San Luis Potosí, señaló, hay bimestres donde no existe registro de secuestros, pero porque no se hicieron denuncias formales de los mismos, no porque no hayan ocurrido.