Quito, 23 de mayo.

Venezuela denunció hoy ante la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) la injerencia sistemática del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos venezolanos, así como las sanciones ilegales, unilaterales e injustificadas que prepara el Poder Legislativo estadunidense contra funcionarios de Caracas.

Al final de un encuentro la Unasur aprobó una resolución de condena a las acciones de Washington y manifestó su apoyo al diálogo convocado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, suspendido por decisión de los opositores.

El canciller Elías Jaua llevó a la reunión de ministros, celebrada este viernes en la capital ecuatoriana, una denuncia internacional, en la cual señaló que el gobierno estadunidense ha desarrollado desde febrero pasado una campaña sistemática intervencionista, contraria a normas y principios del derecho internacional adoptados por la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unasur.

Jaua hizo un recuento de las acciones que la oposición venezolana ha realizado en presunta combinación con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Senado.

Incluyó en ellas las declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado en favor de los actos pacíficos de Leopoldo López, el político que encabezó las manifestaciones masivas del 12 de febrero pasado y quien fue detenido por el gobierno de Venezuela acusado de haber incitado a la violencia en la jornada de protesta en que murieron dos personas y 26 resultaron heridas.

A partir de esa fecha el gobierno estadunidense emprendió, con pronunciamientos oficiales, la tergiversación de las situaciones de violencia armada ocurridas en Venezuela, confundiéndolas intencionalmente con manifestaciones políticas pacíficas, destacó Jaua.

El canciller expresó su enojo por las afirmaciones de la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, por crear una matriz de descrédito sobre las decisiones de los tribunales venezolanos, al declarar que tenemos algunas preocupaciones basadas en la historia reciente acerca de la imparcialidad del proceso aplicado a los acusados de crímenes.

De acuerdo con un proyecto de ley aprobado por el Comité de Relaciones Internacionales del Senado, aprobado esta semana, el gobierno estadunidense debe suspender visas y congelar activos en territorio estadunidense a los funcionarios que son presuntos responsables de violar derechos humanos al contener las protestas y arrestar y encarcelar a los manifestantes.

Queda aún pendiente la validación final en el pleno del Senado, mientras en la Cámara de Representantes comenzará a ser debatido un proyecto legislativo similar el miércoles próximo.