Morelia, Mich., 23 de mayo.

Veintinueve policías municipales, incluidos los directores de Seguridad Pública de Chilchota, Tangancícuaro y Purépero, fueron consignados para ser procesados como responsables de delitos de privación ilegal de libertad, homicidio y secuestro, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El juez encontró elementos que sustentan la responsabilidad de los policías, pues sus actos y omisiones contribuyeron a facilitar la operación de secuestradores, derivado de lo cual ocurrió un enfrentamiento en el que murieron cuatro presuntos delincuentes y Édgar León López, un jefe de grupo de la policía ministerial.

La PGJE se refirió a lo ocu- rrido la tarde del 13 de mayo pasado cuando en Chilchota, comunidad indígena ubicada en la región Cañada de los Once Pueblos, la policía ministerial efectuó un operativo para liberar a un transportista que había sido secuestrado el lunes 5 de mayo en Uruapan.

El pago del rescate exigido para liberar a su víctima se había acordado entregar en la periferia de Chilchota, pero los delincuentes fueron descubiertos y empezó la balacera.

Durante el enfrentamiento, los policías municipales de Tangancícuaro y Chilchota se quedaron inmóviles a pesar de que estaban a menos de cien metros del sitio de la agresión. Esto provocó sospechas entre los policías del grupo antisecuestros de la PGJE.

Tras el enfrentamiento fueron detenidos 32 agentes municipales por la sospecha de estar involucrados con la delincuencia organizada; luego fueron tras- ladados a Morelia. Por sus de- claraciones se supo que policías de Purépero también estaban involucrados.

Se conoció también que los directores de las corporaciones policiacas recibían de la delincuencia organizada pagos mensuales de 15 mil pesos; además se les dotaba de equipos de comunicación para cumplir con dicha actividad, es por ello que habían instruido a su personal a proporcionarles información de forma inmediata en cuanto tuvieran conocimiento de la incursión o presencia en la zona por parte de las fuerzas federales o de la policía ministerial.

Toda la información que recibían los mandos municipales, de inmediato era comunicada a un líder de una organización delincuencial.

Se acreditó que 29 de los 32 municipales realizaban trabajo de vigilancia e información a favor de las actividades de un grupo delincuencial. Asimismo, se les decomisaron armas de fuego de alto poder y cartuchos útiles.

En su momento, la Subprocuraduría Regional de Justicia en Zamora acordó el auto de formal prisión por la probable responsabilidad en delitos contra el sistema de seguridad pública.

Con estos 29 consignados suman 43 servidores públicos de estos tres municipios que enfrentan procesos penales por delitos similares.

Al comenzar la lucha contra la delincuencia organizada, en abril de 2012 en el municipio indígena de Cherán, y después los grupos de autodefensas de una treintena de alcaldías, lo primero que hicieron fue desarmar a los policías municipales porque eran acusados por los ciudadanos de estar involucrados con grupos delictivos, principalmente con el cártel de Los caballeros templarios.

Detienen a cobradores en caseta de peaje

Agentes de las policías Federal y estatal detuvieron a 85 supuestos colonos que desde hace dos meses tenían en su poder las case- tas de peaje de Taretan, Santa Casilda y Las Cañas, de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, para exigir servicios de agua potable, drenaje y luz.

Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Morelia para enfrentar los cargos de ataques a las vías de comunicación.

Los presuntos colonos permitían el tránsito libre a los conductores que les daban una cooperación voluntaria de entre cinco y 10 pesos. Las casetas cobran en promedio 37 pesos por vehículo.