o es lo mismo ver la agricultura desde la Biblioteca José Vasconcelos a verla desde una labor maicera en cualquier parcela mexicana.

Eufóricas fueron las declaraciones de los ministros Vlak, de Estados Unidos; Ritz, de Canadá, y del titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, luego de la reunión que sostuvieron en el citado recinto con motivo del vigésimo aniversario del TLCAN: sin detenerse en evaluaciones precisas se apresuraron a señalar que “… el comercio y las fronteras abiertas fomentan el crecimiento económico y el empleo”. Varias veces repitieron la expresión mágica, mejor dicho, el mantra librecambista: eliminación de barreras. Advirtieron que en la región hay todo un cúmulo de oportunidades para la producción de alimentos de calidad y de valor. Por supuesto, insistieron en los beneficios de la biotecnología y la importancia de emplear semillas transgénicas para terminar con el problema del hambre en el mundo.

En la declaraciones de los tres ministros estuvieron ausentes expresiones como agricultura familiar, a pesar de que es el año de ella, según la FAO; tampoco se advirtieron temas como soberanía alimentaria, pobreza, inequidad, expulsión de mano de obra del campo, violencia, oligopolios, oligopsomios, acaparadores, etcétera. Eso definitvamente no existe en Tlcanlandia.

Ve muy diferente la agricultura Noé, un joven agricultor del norte de Chihuahua: Trabajar un día con mi tractor en mi labor me cuesta una tonelada de maíz. Denuncia que el derrumbe del precio de la gramínea, propiciado por las importaciones sin freno, sobre todo de Estados Unidos, y los continuos gasolinazos y dieselazos, tornan casi incosteable dicho cultivo. Además de las continuas alzas al precio de los energéticos, la mayoría de los agricultores jóvenes tienen que pagar la renta de la tierra, pues a su generación ya no les tocó parcela. Y luego cuando salen a vender su cosecha, resulta que el precio se derrumbó, sin que el gobierno intervenga para regular los mercados. Para él, aun con riego, cada vez es más difícil lograr la subsistencia de su familia con base en la agricultura, y observa que se incrementa día a día el número de jóvenes que tienen que salir del campo o enrolarse en las filas del crimen organizado, a falta de alternativas decentes de vida.

Buen juicio sintético a posteriori de la situación hecho por este joven productor. Sin embargo, lo más seguro es que la visión de él no sea tomada en cuenta para la reforma relativa al campo que prepara la administración de Peña Nieto. Ésta se hará desde la visión de los vencedores del TLCAN: de quienes piensan que el objetivo primero de los acuerdos comerciales es aumentar los negocios, antes que mejorar las condiciones de vida de las personas y de sus comunidades. De quienes creen que es más importante eliminar barreras comerciales que reforzar la capacidad de los pueblos y las naciones para producir sus propios alimentos. Que la solución a la escasez de alimentos descansa en los saberes nuevos, en los genes manipulados por el hombre y no en la recuperación de los saberes tradicionales y la potenciación de los recursos genéticos de la propia naturaleza.

Por todo esto resultan muy pertinentes las tres condiciones que El Barzón plantea como indispensables antes que se comience a discutir la reforma para el campo. Las ha planteado a partir de movilizaciones como la toma de vías de ferrocarril en Chihuahua y las presenta como condiciones no de discurso, sino de acciones muy precisas para poder sentarse a discutir el futuro del agro:

En primer lugar, El Barzón demanda acciones inmediatas para poner un alto a la obscena concentración de la riqueza, de los subsidios, y a la enorme desigualdad del campo mexicano. La propia Sagarpa reconoce que 72.6 por ciento de los 5 millones 300 mil unidades económicas que hay en el campo tienen ingresos anuales netos de menos de 17 mil pesos, mientras que en el otro extremo tan sólo 460 empresas generan tres cuartas partes de las ventas agropecuarias.

En segundo lugar, exige que el Estado actúe ya como ordenador y regulador de los mercados agroalimentarios. Para esto es urgente crear una empresa pública que opere como competidor real en el acopio de alimentos básicos y en la venta de los mismos a los consumidores, para garantizar precios rentables a los productores pequeños y evitar alzas indebidas a los consumidores, sobre todo los más pobres.

En tercer lugar, debe terminarse con el laissez faire en materia de los insumos para la producción agropecuaria. Si se quiere que los productores nacionales, sobre todo los pequeños y medianos, compitan con las importaciones subsidiadas provenientes de Estados Unidos, principalmente, debe detenerse el incremento del diésel, la gasolina, el gas y la energía eléctrica. Por ejemplo, en lo que va del sexenio los agricultores perdieron dos pesos del subsidio al diésel y este aumentó otros dos pesos Al mismo tiempo, desmantelar la estructura oligopólica en el manejo de los fertilizantes, que encarece la producción de alimentos.

Las acciones que exige del Estado El Barzón son el principio de un giro drástico en la política neoliberal hacia el campo. Dinamitar la concentración y la desigualdad; ordenar los mercados con una visión de Estado de soberanía y suficiencia alimentarias, y poner fin al lucro con los insumos para producir alimentos para todos, es lo mínimo que se puede pedir para constatar hasta dónde llega la voluntad reformista del régimen. Si el gobierno de Peña Nieto sigue viendo las cosas desde Washington y Ottawa y no desde los productores mexicanos, nos estaremos enfrentando a una reforma en el mismo sentido y con los mismos beneficiarios que la hecha por Salinas hace ya 22 años, que vino a significar una guerra contra las agriculturas campesinas y la soberanía alimentaria de la nación.