n día después de la trifulca entre elementos de la policía y vecinos de San Bartolo Ameyalco, a consecuencia de la realización de un proyecto hidráulico, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que la obra referida busca evitar miles de puntos de venta de agua en pipas, y se refirió al conflicto como resultado de una problemática con los piperos, con la gente que vende el agua en la zona.

Más allá de la condena obligada a cualquier forma de violencia –que el pasado miércoles derivó en un centenar de heridos y una decena de detenidos, según los habitantes–, resulta obligado ponderar las distintas aristas del conflicto desatado en la localidad ubicada al poniente del Distrito Federal. Una primera consideración es la significación del recurso hídrico para la población de San Bartolo Ameyalco, comunidad históricamente vinculada a su manantial, como indican su propia toponimia, lugar donde brota el agua, y los añejos conflictos por el reparto del líquido.

Ciertamente, la ciudad en general requiere de obras importantes que permitan satisfacer el acceso ciudadano al vital líquido y procurar su correcta distribución. Pero en el escenario comentado debe añadirse, el desabasto de agua que sufre la localidad desde hace más de 20 años, lo que provoca que cualquier obra pública que tenga que ver con los recursos hídricos –afecte o no los manantiales locales– conlleve una conflictividad social que habría debido ser atendida por medios políticos antes que policiales.

En tales circunstancias, e independientemente de si el descontento se reduce a un grupo de aguadores, como afirma el gobernante capitalino, es claro que el manejo del proyecto ante la población por las autoridades ha dejado mucho que desear.

Si el Gobierno del Distrito Federal tiene una responsabilidad en lo que concierne al uso de la fuerza y a los supuestos excesos cometidos por los uniformados el pasado miércoles, las deficiencias en materia de consulta, participación y concertación ciudadana son atribuibles a la jefatura delegacional de Álvaro Obregón, la cual ha sido omisa en recabar previamente el acuerdo de los habitantes de la localidad –y de todos sus grupos– a la obra referida.

Es deplorable, en esta perspectiva, que el titular de la demarcación, Leonel Luna, afirme que se buscará un acercamiento con los vecinos de San Bartolo Ameyalco, cuando esa acción debió ser el punto de partida antes del inicio del proyecto Por otra parte, el hecho de que las autoridades deban salir a desmentir que el agua de los manantiales locales se llevará a otras zonas de la ciudad y que las obras contaminarán los mantos freáticos es indicativo de un mal manejo inicial de la información, el cual ha dado lugar a percepciones erróneas entre la ciudadanía acerca de los alcances del proyecto.

Cabría esperar que los gobiernos delegacional y capitalino empeñaran todos los esfuerzos necesarios en lograr un acuerdo con todos los actores involucrados en el conflicto, a fin de evitar que crezca. En la ciudad de México y en sus delegaciones, donde la voluntad ciudadana se ha inclinado por un ejercicio democrático del poder, resulta particularmente inadmisible tomar decisiones sin consultar e informar puntualmente a los gobernados.