La pobreza es uno de los problemas más graves que enfrenta México y hasta ahora el gobierno no ha emprendido acciones efectivas para erradicar este flagelo social. Con matices, los académicos de El Colegio de México Julio Boltvinik y Gerardo Esquivel presentaron un panorama desolador respecto de la pobreza en el país.

El primero dijo que aun cuando las cifras oficiales señalan que son 52 millones de mexicanos los que viven en pobreza, la cifra es mucho mayor, pues ocho de cada 10 habitantes del país (más de 97 millones) enfrentan esa condición. Esquivel, por su parte, aseveró que hay un segmento de la población que pese a no estar clasificado como pobre es altamente vulnerable a serlo, porque la política social no funciona y el crecimiento económico se concentra sólo en sectores de altos ingresos, de modo que es un desarrollo excluyente.

Ambos especialistas participaron en la primera mesa, referente a la pobreza, del coloquio Los grandes problemas nacionales, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por conducto de la Coordinación de Difusión Cultural, que fue moderado por el ex embajador Héctor Vasconcelos. En ese espacio, Boltvinik –colaborador de La Jornada– planteó que 97 millones 440 mil mexicanos (82 por ciento del total) están fregados, pues viven con carencias y tienen necesidades insatisfechas.

El académico, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), obtuvo esa cifra al hacer una medición de la pobreza distinta a la empleada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Detalló que utiliza el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), en el que incluye varias dimensiones para cuantificar el problema.

Indicó que desde la década de los 80 del siglo pasado y después de la crisis de 1994 los niveles de pobreza crecieron y no ha habido mejoría. “Hoy estamos peor que hace 50 años. México es un país de 80 fregados y 20 bien, es decir, 80 por ciento tienen carencias y 20 por ciento vive sin necesidades”.

Lamentó que en el sexenio de Felipe Calderón este flagelo creció, pues durante su gobierno se sumaron a la pobreza 12 millones de mexicanos, sobre todo en zonas urbanas, al pasar de poco más de 85 millones en 2006 a 97 millones 440 que estima para 2012.

Criticó las cifras oficiales del Coneval ya que, sostuvo, la miseria no puede reducirse a contar con ingresos para comprar la canasta básica, puesto que hay carencias que van más allá de eso.

Aun cuando Esquivel, también miembro del SNI, no coincidió con los números de Boltvinik, aseveró que si las cifras del Coneval pudieran ser conservadores, revelan una serie de problemas estructurales de la economía. Más allá de los montos, el tema es cómo hacemos para reducir y erradicar la pobreza.

Mencionó que el crecimiento económico no sólo ha sido bajo, sino que no ha sido incluyente. Por lo que advirtió que de seguir así, no se reducirán los pobres.

Esquivel subrayó que el país enfrenta un piso de pobreza que no se ha podido reducir, porque los programas sociales han sido ineficientes y porque en los pasados 20 años el ingreso por persona creció muy poco (sólo 20 por ciento), el cual no ha disminuido las carencias de los hogares mexicanos.

Al término de esa discusión, se realizó la mesa Estado de derecho, donde el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz; el ex secretario de Gobierno del Distrito Federal José Agustín Ortíz Pinchetti; el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Agustín Acosta, y el director de la Fundación Miguel Alemán, Alejandro Carrillo Castro, coincidieron en afirmar que en el país el estado de derecho está debilitado y en deterioro.

Bátiz –también colaborador de esta casa editorial– planteó que en México no hay estado de derecho, sino que se vive una simulación permanente entre lo que dicen las leyes y lo que sucede en la realidad. Acosta, por su parte, afirmó que se tiene que construir la democracia sobre la base de la ley, en un país autoritario donde el respeto a las normas es considerado como una invitación al caos.

Ortiz Pinchetti, también articulista de este diario, aseveró que la justicia está controlada por el poder político y económico, lo que lesiona y debilita el estado de derecho.