l titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó ayer que a partir de 2015 se pondrá fin a los gasolinazos y que durante ese año disminuirán los precios de las gasolinas y diésel. El funcionario agregó que, a consecuencia de la reforma constitucional en materia energética –cuya legislación secundaria está por discutirse en el Congreso– y la posterior apertura el mercado de las gasolinas a la libre importación y comercialización, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará precios máximos de los combustibles, por lo que es previsible que se dé una competencia a la baja.

Las declaraciones de Joaquín Coldwell contravienen lo que ha venido sosteniendo hasta ahora el grupo gobernante respecto del efecto de la referida reforma en el precio de las gasolinas. Debe recordarse que el pasado 14 de mayo el presidente de la comisión de Energía del Senado, David Penchyna –uno de los principales operadores de la reforma energética–, aseguró que una vez aprobadas las leyes secundarias en la materia en 18 meses bajarán los precios del gas y la electricidad en el país, pero que las gasolinas no bajarán de precio, sino que se regirán por el libre mercado.

En un sentido similar se pronunció la propia Presidencia de la República en el reciente intercambio de mensajes con el cineasta Alonso Cuarón. A la pregunta expresa de éste sobre la disminución del precio de los combustibles, el Ejecutivo federal respondió que, a consecuencia de la modificación legal citada, los precios de las gasolinas podrían incluso aumentar menos que los de otros productos.

Si lo dicho ayer por Joaquín Coldwell es verdad, cabe preguntarse por qué no fue expresado antes por otros integrantes del gobierno federal, incluido el propio presidente, y por qué contradice lo que afirman las bancadas legislativas del partido en el poder.

Son preocupantes las colisiones declarativas entre las voces del régimen, en especial en un asunto que, como la reforma privatizadora recientemente operada, genera oposición, irritación y desánimo en importantes sectores de la población y cuya consumación, en el nivel constitucional, fue vista por muchos como muestra de la escasa representatividad del Congreso de la Unión y de los legislativos estatales.

El deterioro de la capacidad discursiva del grupo gobernante denota, por lo demás, improvisación y falta de claridad en la proyección a futuro de la reforma mencionada y de sus consecuencias, y hace pensar que ésta no fue realizada con los intereses nacionales en mente, sino con una premura que denotaría su verdadero propósito –privatizar los recursos energéticos del país fueran cuales fueren las consecuencias para la sociedad– y que los beneficios anunciados por la campaña oficial para impulsar la medida fueron mera propaganda de coyuntura.