Los siete magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunciaron que no cobrarán ‘‘ni un solo peso’’ del ‘‘haber de retiro’’, pago autorizado por el Congreso de la Unión para ser entregado al término de la gestión de los jueces electorales, quienes son de los mejor pagados en el sector público nacional, con sueldo y prestaciones anuales por encima de los 4 millones de pesos.

Muy molestos, los magistrados abrieron la sesión de ayer con mensajes en los que calificaron la información del ‘‘haber de retiro’’ (señalado por algunos legisladores como pensión vitalicia) de ‘‘imprecisa, maliciosa y tendenciosa’’. Centraron su enojo en el trabajo de los medios de comunicación y en la ‘‘imprecisión’’ de algunos senadores. Con variados argumentos subrayaron que su estancia en el máximo tribunal electoral del país no tiene una motivación económica.

‘‘Nos han abrumado’’: Luna

‘‘Se ha vulgarizado el tema a pesos y centavos; especulaciones de algunos medios de comunicación respecto de montos no tienen precedente y nos han lastimado. Los que aquí trabajamos, con nuestros conocimientos y con nuestra dedicación podríamos ganar más dinero si litigáramos los asuntos que nosotros mismos resolvemos’’, aseveró el magistrado Salvador Olimpo Nava.

Mientras en la Comisión Permanente se presentaban iniciativas para acotar o de plano eliminar dicho ‘‘haber’’, el presidente del tribunal electoral, Alejandro Luna Ramos, pedía a sus compañeros emitir un pronunciamiento relacionado con las noticias que últimamente –dijo– han abrumado a este tribunal, y que ‘‘han tratado de alguna manera de menoscabar la integridad y la pulcritud con que el TEPJF se ha manejado desde que formamos esta nueva integración’’.

En su turno, dijo que el ‘‘haber’’ no representa pago anticipado o vitalicio ni dádiva alguna que ponga en tela de juicio la integridad del tribunal. Recordó que los propios magistrados del TEPJF disolvieron un fideicomiso creado para su retiro. Si ese fondo existiera, sostuvo, ya tendría más de 10 millones de pesos en cartera.

Los magistrados electorales (en el cargo por una década) pertenecen al Poder Judicial y tienen altos beneficios, como pago anual ‘‘por riesgo’’, compensación garantizada, ayuda por jornadas electorales e incluso la prestación de viajar en primera clase, hospedarse en hoteles de ‘‘nivel gran turismo’’ en México y el extranjero. Los magistrados y altos funcionarios del tribunal electoral están exentos de comprobar hasta 30 por ciento de los viáticos recibidos (La Jornada, 20/4/12).

Resaltaron, sin embargo, que aunque no cobren el ‘‘haber’’, es necesaria su aprobación para compensar el trabajo y garantizar la independencia judicial. ‘‘Luego entonces, nuestra cara está de frente al cien. Podemos ver de frente la cara de la ciudadanía; 46 años de juez nunca han sido maculados bajo ningún aspecto de recibir alguna dádiva’’, expresó Luna Ramos.

El primero en tomar la palabra fue Nava, quien desde la primera expresión enfocó su crítica a los medios. Al igual que sus compañeros, argumentó que la independencia judicial descansa en la garantía de inamovilidad (un juez no puede ser removido por el sentido de sus sentencias) y por un salario digno y proporcional a la encomienda.

Por ello dijo que es ‘‘correcto’’ que quienes se vayan del TEPJF tengan una compensación por ello. ‘‘Así lo entendió el Poder Legislativo’’, dijo, aunque consideró que algunos senadores votaron sin leer la iniciativa y dieron pie a ‘‘una especulación mediática sin precedentes’’.

Flavio Galván, quien renunció a la presidencia del tribunal en 2007, supuestamente por motivos de salud, aunque luego se supo de una denuncia de la contraloría interna por presuntos actos de corrupción de su asesora, dijo que ‘‘ahí están los expedientes’’ y que él, como los árboles, caerá de pie y ‘‘nunca, nunca por la podredumbre de la corrupción’’. Defendió a su ex colaboradora y a él mismo: ‘‘No tengo doble discurso (…) quiero honrar y dejar a mis hijos un nombre limpio’’.

También endosó la responsabilidad de las críticas a los medios: ‘‘Si hay plumas mercenarias, no es mi culpa. Si hay falta de ética en el periodismo improvisado que no investiga, tampoco es culpa mía’’, expresó.

María del Carmen Alanís dijo que el ‘‘haber’’ sería equivalente a dos años de salario, ‘‘porque cuando terminemos el cargo estamos impedidos por dos años no sólo para litigar sino para asumir cualquier cargo público, derivado de alguna elección que hayamos calificado’’.

A su vez, Manuel González Oropeza mostró carpetas amarillas y puso a disposición los documentos ahí contenidos. Mencionó que son las renuncias a sus trabajos previos en el sector académico. Señaló que la ‘‘desinformación’’ ha llegado al extremo… con epítetos, calificativos, vituperio partidista político e imputaciones injustas y maliciosas.

Pedro Esteban Penagos también imputó el escándalo a la labor de los periodistas y subrayó que jamás se aprobó una pensión. Dijo que es un juez con 38 años en el Poder Judicial y cuando venza su actual nombramiento tendrá 75 años, pero no ha pasado por su mente retirarse ni pensionarse, aunque sí es necesario legislar para los futuros magistrados.

Constancio Carrasco Daza explicó que lo que aprobó el Legislativo fue un ‘‘haber de retiro acotado’’, pero admitió que el tema es sensible frente a una realidad económica mexicana, en la que dos terceras partes de la población no tienen ingresos suficientes para una subsistencia digna o para la separación laboral. Sin embargo, hizo énfasis en que ese debate corresponde a los legisladores, pero es necesario informar a la sociedad de manera respetuosa acerca de la situación que tendrán cuando los magistrados concluyan su encargo en 2016.