El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició operativos para supervisar los procedimientos financieros en casinos.

Esta vía es complementaria a la estrategia de la Secretaría de Gobernación, la cual se enfoca en el cumplimiento de requisitos administrativos de los permisionarios, los cuales tienen, en conjunto, más de 300 establecimientos abiertos en todo el país.

En el proyecto de reforma a la Ley de Juegos y Sorteos se pretende que Gobernación dé un permiso por cada casino y no, como ocurre actualmente, una autorización para que determinada empresa opere o rente a otra firma esta venia para abrir uno o varios negocios de este tipo.

Hasta ahora se desconocen las características y participación de accionistas y operadores de cada uno de los 34 permisos enlistados por la dirección de Juegos y Sorteos de la SG; tampoco se conoce la cantidad de dinero que corre en las salas de apuestas. Una asociación empresarial del sector dijo que en 2012 tuvieron manejos (antes de impuestos y pago de premios) por 59 mil millones de pesos.

En esta semana se supo de la clausura en casinos ubicados en Yucatán, en operativos desvinculados al cierre de los negocios de Juan José Rojas Cardona, a quien se le ha dado en llamar el Zar de los casinos.

El 6 de mayo pasado, Olaguer Hernández Flores, diputado local priísta, fue secuestrado en Chilpancingo, Guerrero; un comando lo sacó de un casino llamado Emotion, controlado por la firma española Cirsa.

Fuentes consultadas indicaron que se han multiplicado los operativos del SAT para los socios de los permisionarios. En el caso de negocios ubicados en Yucatán, también participaron en la supervisión elementos de la Secretaría de Marina; ahí se hizo una revisión fiscal a las oficinas de Cirsa, aunque no se ha informado si existe relación entre el plagio al legislador y la supervisión especial a este consorcio.

Adicionalmente, los empresarios de juegos y sorteos en Mérida mantienen un litigio con las autoridades municipales, por un asunto de pago de impuestos, aunque Gobernación no ha precisado el alcance de las inspecciones fiscales en este sector o si hay indicios de evasión de gravámenes u operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).